- Proyecto de ley contra el maltrato físico
- Ahondar en el componente pedagógico
Muy interesante, sin duda alguna, el debate que se está realizando en el Congreso respecto a cómo corregir a los niños cuando se portan mal, específicamente en cuanto al castigo físico. No se trata, en modo alguno, de un asunto de baja importancia, sobre todo en un país que en los últimos años ha desarrollado una legislación cada vez más dura para proteger a los menores de edad de la violencia, el maltrato, la agresión sexual, el matoneo y otra serie de amenazas que se ciernen sobre los más indefensos.
Las estadísticas sobre este flagelo son alarmantes. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre enero y agosto de este año esa entidad oficial restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Las edades de las víctimas también impactan: De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
En esa dirección el Instituto, en conjunto con la Alianza por la Niñez, ha venido impulsando un proyecto de ley contra el castigo físico a los niños, iniciativa que según la institución oficial ya recibió el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como Save the Children, Unicef, universidades, asociaciones médicas y pediátricas e investigadores, entre otras instancias públicas y privadas.
De acuerdo con la directora de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza. En ese orden de ideas, la alta funcionaria insiste en la necesidad de eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil, pues con dicha modificación “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Obviamente nadie puede estar a favor del castigo físico a los menores de edad. Sin embargo, varios parlamentarios y expertos han señalado que la nueva norma al respecto debe ser muy precisa y taxativa en torno a qué es y qué implican este tipo de agresiones, cómo se mide su gravedad y las sanciones que acarrean. Sería ingenuo desconocer que muchos padres de familia no tienen una idea clara al respecto, al punto que ni siquiera son conscientes de que el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión de entre cuatro y ocho años, que se agravan hasta en la mitad si las agresiones se cometen contra un menor de edad.
¿Es una palmada un castigo físico? ¿Lo constituye también un ‘chancletazo’ o un ‘correazo’ -como se dice popularmente-? Legalmente sí, pero considerar que la mayoría de los padres tienen absolutamente claro este asunto resulta ingenuo. Prueba de ello es que muchas veces cuando terminan siendo citados por las comisarías de Familia, Bienestar Familiar o la propia Fiscalía, los progenitores acuden a todo tipo de excusas para tratar de ‘justificar’ la forma en que reprendieron a sus hijos, señalando en la mayoría de los casos que los quieren y nunca les harían daño, simplemente los estaban ‘corrigiendo’ para que crezcan como “personas de bien, educadas, respetuosas y responsables”.
En ese orden de ideas la respuesta de la sociedad no debe ser únicamente punitiva, pues hay un componente social y cultural que debe ser modificado, sobre todo después de varias generaciones de colombianos en las que los castigos físicos no eran considerados un delito. De allí que debe existir un alto componente de tipo pedagógico para educar a padres y adultos responsables. Es necesario ilustrarlos detallada y claramente sobre los estudios científicos que advierten, como bien lo señala Bienestar Familiar, que el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza ya que no modulan el comportamiento, desdibujan el vínculo de afecto y rompen lazos de apego. Igual debe recalcárseles a los padres que este tipo de efectos negativos perduran a lo largo de todo el ciclo vital de sus hijos y terminan asociados a problemas de salud mental, baja autoestima, mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas. De igual manera se considera que un menor agredido tiene un alto riesgo de tornarse en un agresor cuando crezca.
Lo importante es todo caso es que Estado, autoridades y familias estén en la misma frecuencia sobre los derechos de los menores de edad y cómo estos deben ser protegidos. El maltrato físico y sicológico debe ser erradicado, sin atenuante alguno ni consideraciones subjetivas, por más que tengan raíces en las costumbres de antaño. Toda acción legislativa, preventiva, pedagógica o sancionatoria que se dé en esa dirección tiene que ser apoyada por el conjunto de la sociedad colombiana.