Enfrentado. Senadora Cabal dice que la restitución sea una acción sin daño superando fricciones. Valencia dice que no se puede ir en contra de los derechos de las víctimas. 

Ayer en el recinto de la Comisión Primera de la Cámara se hizo audiencia pública al proyecto número 131 de 2018 Senado, “por medio del cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, radicado el 5 de septiembre por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Para la congresista, que quiere cambiar específicamente lo referente a la restitución de tierras, con la puesta en marcha de la ley de víctimas a algunas personas “les desconocieron sus legítimos derechos de posesión y propiedad adquiridos de buena fe”, con lo que la norma se ha convertido “en un instrumento de despojo de la tierra” y “la gestora de nuevas víctimas” y por eso propone que haya una segunda instancia en los procesos de restitución de tierras y un “debido proceso”, para sus contradictores, como la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), “el proyecto constituye una regresión en materia de reconocimiento y garantías de derechos de las víctimas en materia de restitución de tierras”.

Ayer, Cabal insistió que en el proyecto “se incluye la doble instancia, garantizando el debido proceso en cumplimiento de tratados internacionales suscritos por Colombia”, agregando, que “buscamos que la restitución sea una acción sin daño superando fricciones entre la justicia ordinaria y la justicia transicional en materia de derechos fundamentales”.

Sin embargo, el senador Feliciano Valencia, del ‏Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), alegó que “la reforma a la Ley 1448 no puede ir en contra de los derechos de las víctimas a la restitución de tierras”.

Tras plantear que “la ley ha servido para que familias rurales vuelvan a sus tierras”, Valencia sostuvo, que “debe acelerarse su aplicación”.

“La reforma a la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011 profundiza los conflictos entre las comunidades rurales, todas vulnerables, todas víctimas”, anotó Valencia.

La abogada Diana Muriel, de la Comisión de Justicia y Paz, precisó que la Ley 1448 sí brinda garantías procesales y judiciales para quienes intervienen en el proceso de restitución de tierras como opositores y la intensión detrás de esta acción sería generar impunidad para los terceros.

“La Senadora pretende”, afirmó Muriel, que la “buena fe sea presumida y no demostrada, lo cual sería contrario a los derechos de las víctimas”.