Presupuesto realista y austero

  • ¿Cómo tapar el hueco de los $14 billones?
  • No sobredimensionar pico minero-energético

Realismo y austeridad. Esas son las dos premisas básicas que marcan el Presupuesto General de la Nación para el próximo año que, por un monto de $258,9 billones, fue aprobado por el Congreso, en el primer visto bueno definitivo del Parlamento al gobierno Duque.

Como ocurre todos los años con la distribución de las partidas de funcionamiento, inversión social y servicio a la deuda del Gobierno nacional central, no fue fácil el trámite de la iniciativa. En primer lugar porque la radicada por la anterior administración estaba, a juicio de su sucesora, evidentemente desfinanciada, con un hueco fiscal no menor a los 25 billones de pesos. En segundo término, es claro que la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sumado a la obligación irrestricta de cumplir la Regla Fiscal, obligaron al Ministerio de Hacienda a un cuidadoso ejercicio de recomposición de la destinación inicial de recursos a los diferentes sectores. A lo anterior debe sumarse un tercer elemento referido a circunstancias coyunturales que cuando asumió este Ejecutivo no se preveían, como es el caso de la protesta de las universidades públicas por su crisis financiera, los llamados de distintas instancias a aumentar el gasto en defensa estratégica por la creciente amenaza que representa el régimen dictatorial venezolano, o el alza en los precios del petróleo y el carbón que asoman ya como un salvavidas inesperado, aunque parcial, para las finanzas oficiales en lo que resta de este año y comienzos del próximo, claro, si las cotizaciones se mantienen.

Adicionalmente durante todo el trámite del proyecto de Presupuesto siempre gravitó cuál será el alcance de la iniciativa de reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso con el fin de tapar el hueco fiscal y que contendría medidas como la ampliación del IVA a más productos de la canasta familiar o el incremento de la base tributaria del impuesto de renta. Y, por último pero no menos importante, la discusión del proyecto coincidió con un preocupante diagnóstico sobre los problemas en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, referidos no sólo a los vacíos jurídicos e incumplimientos de los desmovilizados sino a la debilidad de la institucionalidad para el posconflicto y el alto grado de desfinanciación para solventar lo pactado.

Todo lo anterior en medio de un escenario político caldeado, ya fuera por la accidentada definición de las bancadas gobiernistas, independientes y de oposición, así como por la directriz gubernamental en torno a cero transaccionismo y “mermelada” presupuestal y burocrática para el Parlamento.

Lo cierto es que, al final de todo, el Presupuesto aprobado resulta, de un lado, realista, porque tanto el Gobierno como el Congreso son conscientes de que el plan de gastos en funcionamiento, inversión y pago de deuda arrastra un déficit de 14 billones de pesos, que deberán ser suplidos ¿Cómo? Cuatro opciones: una, la resignación de muchos ministros a aceptar recortes mayores en sus sectores para redirigir recursos a la salud, educación, inclusión social, agricultura, deporte y medio ambiente: dos, la aplicación de una drástica estrategia de disminución del gasto innecesario o suntuario a todo nivel, aunado a un aumento del recaudo tributario vía mayor eficiencia impositiva y lucha contra la evasión y elusión; tres, los recursos adicionales que se deriven del proyecto de reforma tributaria en ciernes, cuyo monto aún se desconoce; y cuatro, la expectativa de mayores ingresos por cuenta de regalías, divisas, impuestos y transferencias directas por el pico minero-energético, que en todo caso no puede ser sobredimensionado.

Y en lo que hace a la segunda premisa, la referida a la austeridad, es claro que el Gobierno deberá apretarse el cinturón fuertemente porque el panorama fiscal es incierto y la economía local puede que no crezca más allá del 2,8 por ciento al cierre del año. A ello se suma que el paquete de reformas política, judicial y  anticorrupción, entre otras, que tramita el Congreso plantea modificaciones de distinto tipo que podrían tener un impacto en las finanzas a corto y mediano plazos. Incluso, no son pocos los analistas que han advertido ya que si se confirma la minibonanza minero-energética, el Ejecutivo deberá ahorrar los remanentes presupuestales, contrario a lo que hizo el gobierno Santos que se gastó gran parte de los ingresos adicionales sin pensar en la época de las vacas flacas.

Lo importante es que ya hay hoja de ruta presupuestal para el próximo año y que la misma es coherente. Dejar contentos a todos los sectores era imposible y comprometerse más allá de los límites de la Regla Fiscal populista.