La coherencia de ampliar períodos

  • El nocivo desfase gubernamental
  • Congreso debe actuar con objetividad

 

El cambio de períodos de los alcaldes, aprobado en primer debate esta semana, tendrá que ser motivo de un acuerdo político de alto nivel en el Congreso.

El tema merece la pena, porque a no dudarlo está demostrado que el cronograma administrativo actual del país no colabora con los propósitos de generar un buen gobierno a nivel municipal, departamental y nacional.

No basta pues con que las tres ramas del poder público sean autónomas pero deban colaborar entre sí. Hay también que hacer una revisión quirúrgica a fin de que los postulados y atribuciones ejecutivas en el país se lleven a cabo con la mayor diligencia y armonía.

No ocurre ello hoy en Colombia precisamente porque hay un desfase en las elecciones del Presidente y las de los gobernadores y alcaldes. Se dice en tal sentido que es mejor tener fechas diferentes porque eso coopera en separar la democracia nacional de aquella que se refiere a los intereses regionales y comunitarios. No es verdad. Esa división ha hecho que alcaldes y gobernadores actúen como ruedas sueltas frente al panorama nacional o que, por el contrario, no tengan la colaboración decidida de las entidades centrales en favor de los intereses departamentales o municipales.

De hecho cualquier alcalde, en particular de las ciudades capitales, se encuentra con la nociva situación de que accede al poder cuando está terminando el período nacional, y por lo tanto los ministros están de salida, y a su vez debe esperar, de otra parte, a que el nuevo gobierno caliente motores y en última prioridad atienda los intereses citadinos.

De tal modo, por lo demás, se incumple el principio de planeación consagrado en la Constitución. En efecto, no hay armonización entre el Plan de Desarrollo Nacional con los planes departamentales y municipales. Es decir, que el Ejecutivo, en su conjunto, mantiene una cantidad de fuerzas institucionales dispersas que impiden concentrarse en los objetivos prioritarios.

Cuando arrancó la elección popular de mandatarios locales, fue apenas a modo de experimento que se legisló para tener un período de solo dos años para los alcaldes.

Posteriormente, cuando se observó que sí era una idea plausible, los términos se llevaron a tres años y luego a cuatro. Bajo esas circunstancias, los períodos quedaron desfasados. Pero ahora afortunadamente existe el proyecto referenciado, patrocinado por las diferentes agremiaciones de ciudades capitales, de municipios de otras categorías así como de gobernadores, en virtud de reglamentar debidamente la materia.

En tal caso, con el propósito de sincronizar a todo el Ejecutivo, es posible prorrogar el período de los actuales alcaldes y gobernadores de forma de que en 2022 todos los funcionarios públicos de elección popular, incluido el Presidente de la República, tengan el mismo término.

Por supuesto, es predecible que quienes solo ven sus intereses políticos y no las necesidades administrativas generales, traten de impedir el avance en la materia. Pero no es menos cierto que, ante los urgentes requerimientos locales, no es válido alegar lo que podría llamarse el “democraterismo” frente, en cambio, al verdadero sustento de una democracia activa y con políticas públicas concordantes en toda la pirámide institucional.

Tampoco es menester, para ello, introducir el ingrediente de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores por cuanto no se trata de eso, sino sencillamente, como se dijo, de acompasar los períodos en procura del buen gobierno.

En el Congreso también cursa la idea de modificar integralmente el sistema de control fiscal delegado a las contralorías departamentales y municipales. Si en verdad se van a abolir estas, evidentes focos de maniobrerismo politiquero en los diferentes niveles, es necesario entonces configurar un acto legislativo integral, incluido el cambio de los períodos antedichos.

Lo que interesa, entonces, es que se suscite un debate nacional, franco y abierto. En esa dirección, pues, es posible resolver por las mayorías parlamentarias aquello que sea más beneficioso en la sana marcha de los asuntos públicos, incididos hoy por la polarización y la fruición electoral. Hay la oportunidad, en tal sentido, de morigerar los ánimos para concentrarse en lo que verdaderamente interesa a las regiones y municipios.

De hecho, en la gran mayoría de los casos, los alcaldes de las capitales principales gozan de una alta popularidad. Lo que demuestra de antemano que la ciudadanía está satisfecha con la gestión. En el caso de Bogotá hay un ascenso evidente, como dicen las encuestas, de la administración actual a partir de la entrega de obras y la ejecución del Plan de Desarrollo. Retornar a un modelo de ciudad sostenible y contemporáneo no es cosa de un abrir y cerrar de ojos, pero se está demostrando con creces que con tino y perseverancia ello es posible. Desde luego, no se trata particularmente de eso. Se trata, como se dijo, de reformar lo que a todas luces ha quedado pendiente de legislación. Y que ahora se presenta como una alternativa viable. Con el cambio de períodos y la sincronización con el Ejecutivo es momento de resolver el desfase institucional.