Por supuestamente cobrar medicamentos, suministros y procedimientos médicos al Fosyga, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias de al menos 10 EPs y sus directivos, lo cual equivaldría a una suma que alcanza los 1.500 millones de pesos.
La decisión compromete, en primera instancia, a las EPS Faminasar, Cafesalud, Coomeva, Salud Total, Sanitas, Cruz Blanca, Sura, Saludcoop y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia.
Algunos de los involucrados en el caso son Juan Carlos Fernández, representante legal de Faminasar; Claudia María Sterling, representante legal de Salud Total, Gabriel Mesa, representante legal de Sura y Carlos Alfonso Montoya, representante legal de Sanitas.
La decisión fue tomada el pasado 7 de septiembre por la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción del ente de control.
