Procuraduría pedirá ‘línea de interpretación’ a la Corte IDH

Foto archivo ENS

La Procuraduría General de la Nación le pedirá a la Corte Interamericana de Derechos que le dé “líneas de interpretación” frente a la sentencia que le ordena a los organismos de control colombianos adecuar su normatividad para la investigación y sanción de los funcionarios públicos de elección popular.

Con esa sentencia, la Corte-Idh ordenpo al Estado colombiano indemnizar al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por la destitución de que fue objeto por la anterior Procuraduría, tras considerar que se le violó el derecho al debido proceso.

El anuncio lo hizo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, al intervenir en el foro  ‘Lucha contra la corrupción en Colombia y el mundo; desafíos para las competencias sancionatorias’, organizado por la Procuraduría, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y Corporación Excelencia en la Justicia.

El propósito del foro era conocer los instrumentos e interpretaciones para una aplicación integral de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal a nivel nacional e internacional y su cumplimiento en casos actuales y futuros, así como las perspectivas de reforma sobre la materia en Colombia.

En su intervención Carrillo Flórez dijo que mientras se adecúa la normatividad a la sentencia de la Corte-Idh se seguirá aplicando en el país la legislación vigente.

Estamos dispuestos a abrir la discusión, queremos seguir fortaleciendo el derecho disciplinario, seguir fortaleciendo esas garantías constitucionales”, dijo el Procurador al referirse a la sentencia.

 

“Entre las alternativas que tenemos seguramente vamos a solicitar a la propia Corte-Idh líneas sobre la interpretación de esta sentencia”, afirmó al advertir que una interpretación literal de la sentencia “sería poner en entredicho la competencia de pérdida de investidura, por ejemplo, que en este momento está en manos del Consejo de Estado, y eso no fue lo que quiso la Corte”.

Carrillo dijo que la Procuraduría no es simplemente una agenda de carácter administrativo, sino que tienen un marco normativo que es el Decreto 262 de 2000, que respetando las garantías del debido proceso se ha aplicado desde la promulgación de la Carta Política.

En ese sentido dijo que la evolución de la doctrina disciplinaria ha sido determinante en la lucha contra la corrupción, un fenómeno que calificó como “uno de los motores más claros de la violación de los derechos humanos, particularmente en escenarios como el nuestro donde hay altos índices de pobreza y necesidad, la corrupción le hace mucho daño a los colombianos”, señaló el Procurador General.

Para el jefe del Ministerio Público, la relación de causalidad entre derechos humanos y corrupción “es importantísimo para entender el alcance de instrumentos convencionales recientes”, dijo al referirse a la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos suscritos por Colombia.

“Nuestra relación con el Sistema Interamericano ha sido estrecha con el cumplimiento del derecho convencional. Se trata de poner en marcha todas las herramientas que nos permitan impedir esos escenarios de corrupción y sancionarlos cuando nos toque”, agregó.

Al respecto, anunció que próximamente junto con el Gobierno nacional presentará al Congreso un proyecto de ley que incluye el concepto de víctimas de corrupción.

Por su parte, la Canciller Claudia Blum, se refirió a los instrumentos internacionales que apoya Colombia para luchar contra la corrupción.

El procurador Fernando Carrillo anunció que pedirá a la Corte-Idh una línea de intepretación de la sentencia sobre el proceso disciplinario sancionatorio.

Blum citó cifras del Foro Económico Mundial según las cuales “la corrupción se acerca al 5% del PIB mundial, las empresas e individuos pagan más de mil millones de dólares en corrupción cada año”.

La Canciller dijo que ese fenómeno se evidencia en delitos trasnacionales como el terrorismo, trata de personas, narcotráfico, ambientales y contrabando. Colombia impulsa el régimen jurídico mundial contra la corrupción.