Al bloquear esta iniciativa en contra del nuevo Gobierno, el parlamento británico ha usurpado el poder y frustrado la voluntad de los electores
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INGLATERRA es “la madre de los parlamentos” según las palabras del político decimonónico John Bright (1811-1889). Aunque la primera referencia al parlamento inglés conocida data de 1236, fue más adelante en el reino efectivo de Enrique III (1234-1258), monarca ávido de impuestos para financiar sus guerras europeas, que este se convirtió en una asamblea regularmente consultada y con amplia representación. La razón: según la Magna Carta de 1215, un acuerdo entre el Rey Juan (1199-1216) y los nobles, ni siquiera el Rey podía confiscar la propiedad de sus sujetos sin su consenso.
Tales son los orígenes medievales de la democracia moderna en el parlamento de Westminster, Londres. Hoy, es ahí donde se define el futuro del gobierno consensual, tanto en Gran Bretaña como más allá. Como escribe el periodista inglés Brendan O’Neill, “el Brexit es la batalla política actual más importante de Occidente”.
Sin duda, están en juego las tradicionales libertades británicas de crear leyes, establecer normas y elegir a sus gobernantes sin la interferencia de un poder externo. Por necesidad, Reino Unido- como cualquier país miembro de la Unión Europea (UE)- debe aceptar toda regulación que provenga de Bruselas sin poder objetar o legislar al respecto. Por otro lado, la Comisión Europea, la rama ejecutiva que crea dichas regulaciones, no es electa- los jefes de Estado nombran a sus miembros- y los votantes no pueden acudir a las urnas para cambiar su composición.
Este es uno de los pilares de lo que los mismos eurófilos llaman “el déficit democrático” de la UE. El voto por el Brexit fue una manifestación contra un sistema que regularmente fortalece el poder burocrático central en Bruselas a costa de las democracias nacionales.
El parlamento británico también define un asunto aún más importante: el de la soberanía interna. En el 2015, el Parlamento votó a favor de disolver su capacidad legislativa ante la cuestión de la futura permanencia del Reino Unido en la UE y de otorgarles a los votantes la decisión al respecto. Voluntariamente, la democracia representativa cedió ante la democracia directa. Desde que se anunció el triunfo del Brexit en el referendo del 24 de junio del 2016, sin embargo, una mayoría de parlamentarios ha hecho todo lo posible por frustrar el pronunciamiento popular. Más de tres años después, Gran Bretaña permanece en la UE.
La anterior administración de Theresa May, primera ministra entre julio de 2016 y julio de 2019, negoció un acuerdo que el parlamento rechazó tres veces, aunque sometía a Gran Bretaña al ámbito regulatorio de Bruselas. En consecuencia, May extendió la fecha del Brexit, originalmente agendado para el pasado 29 de marzo, en dos ocasiones.
Boris Johnson, el nuevo primer ministro, aclaró desde el inicio de su mandato en julio que descartaría el acuerdo de May, y que Reino Unido dejaría de ser un país miembro de la UE el 31 de octubre, fecha oficial del Brexit tras la última prorrogación. Johnson afirmó que buscaría un nuevo acuerdo con Bruselas que, entre otras cosas, no incluyera la llamada “salvaguarda de Irlanda del Norte”, una parte del acuerdo de May que separa a uno de los cuatro países que componen el Reino Unido de los demás porque, según la estrategia negociadora de Bruselas, el Brexit pone en riesgo el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Este puso fin al conflicto entre irlandeses unionistas, mayoritariamente protestantes, y republicanos, en su mayoría católicos.
Crucialmente, Johnson ha sido enfático al insistir que todo el Reino Unido saldrá de la UE en octubre inclusive sin un nuevo acuerdo, posición lógica para motivar a Bruselas a negociar nuevamente. De manera innecesaria, un Brexit sin acuerdo obligaría a la UE y a Gran Bretaña a comerciar bajo los términos de la Organización Mundial del Comercio, lo cual causaría problemas económicos para ambos.
Algunas predicciones acerca de las consecuencias para Reino Unido son casi apocalípticas; otras son mesuradas. Según el periodista financiero Matthew Lynn, solo el 8 % de la economía británica está expuesta al comercio directo con Europa en términos de exportaciones o importaciones. “El 92 % restante de la economía no sentirá diferencia alguna”, mientras que la mayoría de empresas ya asumieron los costos necesarios del Brexit y no tendrán que hacerlo de nuevo.
El Parlamento, sin embargo, se opone en su mayoría a un Brexit sin acuerdo y, en una medida sin precedentes, ha tomado control de la agenda legislativa esta semana con el apoyo del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Su objetivo es obligar a Johnson a pedirle a Bruselas una nueva extensión del brexit hasta el 31 de enero del 2020. No obstante, Johnson se niega a rogar para obtener tal extensión, la cual correctamente considera del todo inútil.
El Primer Ministro acierta también al afirmar que la única manera de salir del impasse parlamentario actual es por medio de una elección general. Pero el líder de la oposición, el socialista Jeremy Corbyn, se niega a aprobar una elección temprana porque teme una enfática victoria de Johnson, cuya astuta estrategia electoral consistirá en presentarse como el defensor del pueblo soberano en contra de un parlamento capturado por élites arrodilladas ante un poder continental.
Las perspectivas de Johnson no son malas. El experto constitucional Vernon Bogdanor cita a Winston Churchill para describir al actual Parlamento: “Decidido a no decidir, resuelto a ser irresoluto, firme para ir a la deriva, sólido para ser fluido, todo poderoso para ser impotente”.
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*Director del Centro de Innovación y Liderazgo Universidad La Gran Colombia