- La visión de Paul Collier
- Paz y soberanía territorial
Repasados los diferentes procesos de paz, en Colombia, resulta evidente que el error fundamental consiste en la no apropiación del territorio por parte del Estado, tanto de modo institucional como en los propósitos sociales.
Es por eso, precisamente, que pese a la desactivación paulatina, durante los últimos 30 años, de los factores de violencia representados en diferentes grupos, no ha sido posible lograr la imposición del Estado Social de Derecho en su integridad. De suyo el pleito por la autoridad en diferentes partes del país es lo que se mantiene vigente y de allí que las fuerzas irregulares busquen imponer sus propios criterios delincuenciales por encima de las pretensiones estatales. De tal modo, el Estado nunca alcanza cobertura completa y, por el contrario, los habitantes quedan desamparados en la pugna por los corredores estratégicos del narcotráfico, la minería criminal, la deforestación y el ingente contrabando de madera.
Precisamente en la entrevista exclusiva para este Diario, el gran pensador contemporáneo Paul Collier, el domingo pasado, se reitera que Colombia sufre una violencia criminal organizada y que es aquella la que tiene que ser abolida. Dice Collier que “un Estado efectivo debe aplicar el Estado de Derecho sobre su territorio”. En suma se necesita una distribución de propósitos sociales. Hay que llevar oportunidades a cada región del país de manera que cada territorio pueda avizorar su entorno desde un punto de vista viable hacia el futuro. Y para ello se necesita una distribución de los propósitos sociales a través de los sectores clave de la sociedad: los gobiernos nacional y local, las empresas y las familias, al decir del prestigioso profesor de Oxford.
Como viene demostrándose en los últimos años en el país, no es posible un proceso de paz si no existe previamente un enraizamiento del Estado Social de Derecho. El problema más grave que se evidenció en la negociación entre las Farc y el doble mandato de Juan Manuel Santos es que no se tuvo la previsión suficiente o un plan específico para que en el momento en que esa guerrilla desalojara los territorios de su influencia estos fueran copados integralmente por las fuerzas legítimas del Estado, a fin de distribuir, precisamente, esos propósitos sociales y lograr una identidad en torno a la autoridad.
No hay que confundir, en esa medida, legalidad con legitimidad. Desde luego, la Constitución establece que el Estado debe prevalecer en todas partes del territorio nacional, pero igualmente es natural que lo haga del modo más legítimo posible. Y para ello debe contar básicamente con la adhesión de la población puesto que, como se sabe, la Nación se compone de un todo entre los habitantes y el territorio.
Todos los procesos de paz, en Colombia, han dejado de lado este aspecto fundamental, de algún modo. Es por ello que cuando se logró la desactivación de algún grupo guerrillero o paramilitar de inmediato el territorio fue copado por otros factores de violencia. Así las cosas una de las lecciones más claras consiste, precisamente, en entender que no es posible adelantar una verdadera paz integral si de antemano no se está preparado, con toda la financiación y el rigor de las fuerzas legítimas, para enfrentar aquellos componentes delincuenciales que tratarán de imperar en los sitios dejados por otras fuerzas irregulares.
Ciertamente, la acción permanente del Estado en todas las regiones del país, incluyendo las más apartadas, es función constitucional insoslayable, sin necesidad de que haya proceso de paz de por medio. El ejercicio de la autoridad y la incorporación social de regiones históricamente desamparadas es toda una política, así parezca un propósito de Perogrullo. En todo caso, es menester afianzar esos designios porque, evidentemente, la elasticidad estatal en torno al tema es verdaderamente dramática. Es por ello que pululan todo tipo de delitos en torno al negocio de los cultivos ilícitos, la minería criminal y el contrabando de madera, sin talanquera de ningún tipo.
Por eso es clave escuchar las palabras de Collier: “las oportunidades y la productividad deben estar distribuidas fuera de Bogotá, en cada una de esas regiones. Eso es viable”. Lo que Colombia requiere, en esa medida, es de alguna manera nacionalizar la totalidad del país por cuanto parecería que en un mismo territorio hay un sinnúmero de soberanías, legítimas e ilegítimas, y así es imposible desarrollar el Estado Social de Derecho.