Como lo anunciara el presidente Iván Duque en la apertura del Andicom 2018, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, radicó en la Secretaría General del Senado el proyecto de ley de modernización del sector TIC.

La iniciativa está enmarcada en el primer pilar de la política 2018-2022 ‘El futuro digital es de todos’, el cual busca crear un entorno TIC para que el desarrollo digital llegue a todos los colombianos.

Según la información oficial, este proyecto de ley pondrá la institucionalidad y la regulación del sector en el estándar internacional, para así dinamizar a la industria TIC; de esta manera, se consolidará un matrimonio entre el sector público y privado que tendrá un solo objetivo: conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. Es decir, se crearán las condiciones para que aumente la inversión y que esta se refleje en el cierre de las brechas digitales, enfocándose en la población de bajos recursos y en zonas rurales.

El proyecto actualiza la Ley 1341 de 2009 y su primer objetivo es aumentar la certidumbre jurídica. Para esto, la asignación del espectro radioeléctrico quedará en cabeza del Ministerio TIC, siempre privilegiando la calidad y cobertura para maximizar el bienestar social de toda la población. Además, se pretende ampliar el período de los permisos para el uso del espectro hasta por 30 años. Así, se generarán las condiciones para impulsar las conexiones última milla en las zonas más apartadas del país y reactivar la economía.

Además, se definirá una tasa única de contraprestaciones para los operadores que equilibren las cargas, y de esta manera resuelvan las diferencias que han mantenido estancada la inversión en el sector e incentive la competencia. Con esto, se aumentará la eficiencia en el pago y se optimizará el uso de estos recursos, siempre buscando la sostenibilidad de las diferentes iniciativas.

Otro de los objetivos es focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital, lo que incluye conectar a todos los colombianos y fomentar la apropiación tecnológica, especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom, además de las personas con limitaciones físicas. Para esto se propone la creación de un Fondo Único, que reúna los recursos del Fontic y el Fontv. Esto generará incentivos para vincular a los sectores privado y público en sus iniciativas de inversión.

El proyecto deja claro que se garantizará el fortalecimiento de la televisión y la radio pública, así como los contenidos públicos audiovisuales de carácter nacional y regional, pues los recursos que históricamente se han destinado a este rubro se mantendrán con un incremento anual.

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Asimismo, se destinarán recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma de interés público, gracias a la focalización de las inversiones del Gobierno en la población de bajos recursos y rural, con énfasis en escuelas públicas de zonas apartadas del país.

El último objetivo es la simplificación y modernización institucional. Para esto se propone la creación de un regulador único e independiente para todo el sector TIC, el cual incluye los servicios de telecomunicaciones, televisión, Internet y radiodifusión sonora. Igualmente, busca que en el Ministerio TIC se unifiquen todas las labores de vigilancia y control de los operadores de estos servicios. Así, se redistribuirán las competencias que actualmente tiene la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). La Agencia Nacional del Espectro (ANE) no tendrá ningún cambio en sus funciones.

Un país totalmente conectado y una industria TIC dinámica, se reflejarán en un aumento de la productividad y la competitividad en las regiones, una disminución de la desigualdad y un incremento del empleo, que aportarán definitivamente a la reactivación económica del país.

Como se ve, la iniciativa recoge algunos de los puntos del malogrado proyecto del gobierno anterior que recibió fuertes críticas por poner en riesgo los fondos que financian la televisión pública y regional, afectando la independencia de la televisión pública.

Ante la inconformidad de los opositores, al que también se conoció como proyecto de ley de regulador convergente, el Gobierno decidió radicar su retiro porque, señalaron, que su propuesta era radicalmente diferente a la ponencia que presentó el senador Mario Fernández, del Partido Liberal, en las Comisión Sexta conjunta de Senado y Cámara.

La entonces ministra encargada Juanita Rodríguez le envió una carta a la mesa directiva de la Comisión y solicitó el retiro del proyecto de ley 174, como acto de responsabilidad debido “a que no ha sido debatido en comisiones y plenaria, y a que atenta contra la industria de la televisión pública en Colombia”.

Para los directores de los ocho canales de televisión públicos y regionales, los ajustes del senador Fernández impactaban el correcto funcionamiento del sector.