Fiscales en el ojo del huracán | El Nuevo Siglo
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Domingo, 12 de Julio de 2020
Redacción Política

Fuertes cuestionamientos se hicieron la semana pasada al papel que cumplieron Néstor Humberto Martínez y Eduardo Montealegre. Incluso, la gestión del actual titular Francisco Barbosa no ha estado exenta de polémicas

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Una inusual situación se dio en los últimos días en la que se puso en tela de juicio la figura del Fiscal General, pues por un lado los exfuncionarios Néstor Humberto Martínez y Eduardo Montealegre se acusan mutuamente de supuestas irregularidades durante el desempeño de sus funciones; en tanto que el actual titular, Francisco Barbosa, ha sido blanco de críticas por algunas actuaciones, como fue hacerse acompañar de su hija menor de edad a San Andrés en un viaje oficial y en plena cuarentena por el Covid-19.

Eduardo Montealegre fue Fiscal entre el 29 de marzo de 2012 y el 28 de marzo de 2016; mientras que Néstor Humberto Martínez llegó al cargo el 1 de agosto de 2016, pero no cumplió el periodo de 4 años pues renunció el 15 de mayo de 2019, rechazando de esta forma la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de conceder la garantía de no extradición al desmovilizado de las Farc, ‘Jesús Santrich’, quien fue solicitado por Estados Unidos porque habría conspirado para enviar cocaína.

En tanto que Francisco Barbosa asumió el pasado 13 de febrero, luego de cerca de 9 meses de interinidad en el cargo tras la renuncia de Martínez.

La polvareda alrededor de los exfiscales fue por un video publicado el miércoles pasado, en donde Montealegre calificó al expresidente Uribe de criminal de guerra por la supuesta responsabilidad de este en las masacres paramilitares, perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja en Antioquia, cuando era Gobernador de este departamento, y anunció que lo demandará ante la Corte Suprema.

De igual forma criticó que el entonces presidente Santos ternara a Martínez para Fiscal, e incluso dijo que pudo ser para tapar el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña reeleccionista a la jefatura de Estado en 2014.

Montealegre dijo que “la denuncia penal que voy a formular junto a Jorge Perdomo ya está elaborada. Cuando nos permitan las condiciones de seguridad y los reglamentos, la idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregarla personalmente contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente por los hechos de El Aro y La Granja”.

En tanto que sobre Martínez, el exfiscal Montealegre dijo “uno no entiende cómo (Santos) pacta la paz con una de las guerrillas más antiguas del mundo y terna a un fiscal enemigo de la paz”.

Por ello, Montealegre se preguntó, “¿nombraron a Néstor Humberto Martínez para el tapen, tapen, como dice el senador Robledo? ¿Para que no aflorara verdad sobre la financiación de la campaña de Santos? ¿Para que no aflorara la verdad sobre la corrupción en el sector privado en Colombia?”.

Frente a estas afirmaciones, Uribe replicó “cuando Montealegre fue Fiscal General era un contratista del gobierno, se acercó a mi gobierno a pedir contratos y yo en eso no me metí, dejé eso a los funcionarios”. Dijo también el expresidente que Montealegre “llenó de contratos a personas del Cartel de la Toga, Saludcoop y derrochó dineros de la Fiscalía en una universidad”.

Mientras que Martínez anunció que dispuso una denuncia contra Montealegre: “Será en el escenario de los jueces donde pueda contrastarse que la investigación de Odebrecht se hizo durante mi administración, a diferencia de lo que ocurrió con Saludcoop durante la gestión de Montealegre, donde nada se conoció”.

De otra parte, el pasado viernes, la Fiscalía al responder un derecho de petición certificó que el exministro Álvaro Leyva Durán, quien ha trabajado por la paz del país, fue interceptado ilegalmente entre el 19 de febrero y el 11 de julio del 2013 por miembros de ese organismo de investigación. En ese tiempo, al frente de la Fiscalía, estaba Eduardo Montealegre.

Frente a esto, Montealegre envió una carta al fiscal Barbosa en la que dice que se enteró por medios que “durante mi administración interceptaron ilegalmente a Álvaro Leyva en la época de la negociación del proceso de paz, proceso que con firmeza respaldé institucionalmente por mis convicciones ideológicas”. Agregó que por el contrario con Leyva ha trabajado y lo sigue haciendo por la paz de Colombia.

Añadió que durante su administración tomó medidas contra las interceptaciones ilegales. Por ello, le dice en la misiva a Barbosa, “soy el primer interesado en que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación”.

Por su parte, Martínez reaccionó también ante lo sucedido con Leyva y recordó que en su momento como Fiscal fue señalado por algunos de chuzar a los negociadores de paz. “Mientras ello sale a la luz pública, de acuerdo con las investigaciones en curso, solicito se difunda ampliamente que, este nuevo hecho, evidencia que mi nombre no está vinculado a tan repudiables prácticas”, resaltó el exfiscal.

Cuestionamientos a Barbosa

Al fiscal Francisco Barbosa, desde que fue elegido, sectores de oposición al Gobierno han señalado su cercanía con el presidente Duque, ante lo cual el jefe del ente investigador acepta que son viejos amigos, pero aduce que eso no tiene nada que ver con el cumplimiento de sus funciones.

Aparte de ello, el Fiscal se ha visto envuelto en varias polémicas como el referido viaje a San Andrés un fin de semana para una labor oficial, pero que también llevó a su hija y a una amiga de ella. Por ello presentaron una denuncia en su contra ante la Comisión de Acusación de la Cámara.

También, el Fiscal fue cuestionado porque con anticipación dijo que la Fiscalía visitaría la sede del Centro Democrático por el caso de la denominado ‘Ñeñepolítica’, lo cual es inusual en una diligencia de inspección.

De igual forma causaron polémica la indagación que abrió la Fiscalía a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por ir al mercado sin tapabocas y la medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por una investigación que lo comprometería con presuntas irregularidades en un contrato de 2005. Las dos decisiones fueron calificadas como desproporcionadas por algunos sectores.