- Un país fiel a su Fuerza Pública
- Otra conjura que no tuvo éxito
Una de las constantes a lo largo del tiempo en las encuestas que miden la imagen de las instituciones oficiales en Colombia es la buena calificación que, por lo general, siempre logran las Fuerzas Militares y de Policía. Un respaldo ganado a pulso por parte de centenares de miles de hombres y mujeres que a lo largo de décadas han sacrificado todo en aras de defender la vida, honra y bienes de millones de compatriotas. Está claro que si no fuera por el rol cumplido por la Fuerza Pública a lo largo de la última media centuria el Estado habría colapsado ante la conjura guerrillera, el desafío del narcotráfico y las amenazas de otros fenómenos de delincuencia común y organizada que han tratado -y tratan- por todos los medios de cooptar la autoridad legítima, romper las vértebras de la democracia más antigua del continente e imponerse a sangre y fuego en todo el territorio nacional.
En momentos en que Colombia celebra los doscientos años del inicio de la campaña libertadora, que bajo el sino heroico de Simón Bolívar desembocó en la derrota del régimen colonial, la consolidación de la Independencia y el inicio de la vida republicana, esa admiración por el rol valiente de los uniformados que defienden y garantizan la supervivencia institucional se mantiene incólume. Claro, a lo largo de nuestra historia se han dado episodios en que unos pocos de quienes han portado las armas de la Patria cometieron errores, excesos y violaron aquellos valores sagrados que juraron defender. Sin embargo, el grueso de la Fuerza Pública siempre se ha mantenido fiel a los principios más caros del ordenamiento legal y constitucional vigentes, resistiendo incluso a quienes en distintos momentos de crisis les pedían romper el orden democrático.
En medio de la sangría en que el accionar demencial de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico sumieron al país en las últimas décadas, fueron las Fuerzas Militares y de Policía las que evitaron que la barbarie le ganara el pulso al Estado y a los colombianos que en su inmensa mayoría fueron victimizados de una u otra manera. Muchas vidas de uniformados se perdieron -y se pierden todavía- en esa confrontación contra las distintas manifestaciones criminales. Y cada muerte o herida a un militar o un policía es sentida como propia por la mayoría de la población. Como en su momento lo destacamos, difícilmente se puede encontrar en nuestro país una campaña promocional más verídica y con tanto eco popular como aquella según la cual “en Colombia los héroes sí existen”, haciendo relación a todos y cada uno de quienes portan las armas de la Patria.
Todo ese acervo histórico e institucional fue el que quisieron desconocer en las últimas semanas algunos sectores nacionales e internacionales al participar de una elaborada estrategia política, mediática y jurídica contra la actual cúpula de la Fuerza Pública. Una estrategia evidentemente coordinada y dirigida no solo a bloquear la confirmación de sus ascensos por parte del Congreso, sino a manchar las hojas de vida y trayectoria de los comandantes de fuerza, especialmente la del jefe del Ejército. Se trató de crear un marco circunstancial que llevara a concluir que se estaban dando directrices operacionales castrenses que podrían llevar a revivir la nefasta época de los ‘falsos positivos’, sin duda una de las peores máculas de la Fuerza Pública en las últimas décadas pero que afortunadamente por efecto de los correctivos internos en el proceder militar y policial así como por la acción drástica y efectiva de la justicia ordinaria en contra de los involucrados en esas acciones criminales, ya quedaron erradicados. Prueba de ello es que cualquier acción aislada de algún uniformado por fuera de la legalidad hoy es castigada rápidamente y no se tolera el más mínimo indicio de complicidad o encubrimiento.
La contundente votación de la plenaria del Senado el miércoles pasado ratificando el ascenso de toda la cúpula militar y policial fue una clara demostración de respaldo absoluto a la Fuerza Pública, no solo del Parlamento, sino también del Gobierno, la mayoría de los partidos y de la propia opinión pública que en redes sociales, encuestas y manifestaciones espontáneas así lo había exteriorizado. El mensaje es claro: no se va a permitir que se mancille el honor de quienes portan las armas de la Patria y lo han hecho respetando la ley, la Constitución y los derechos humanos. Toda conjura será repelida por más que sus promotores traten de disfrazarla en complicadas estratagemas políticas, mediáticas y jurídicas. Como ya se dijo: quienes así lo intenten desconocen el tracto histórico de una nación que ve en sus Fuerzas Militares y Policía a los más sacrificados y valientes guardianes de la ley y el orden.