El pacto migratorio México-EU | El Nuevo Siglo
Martes, 11 de Junio de 2019
  • Ejercicio legítimo de la soberanía
  • Más allá de las distintas posturas

 

La política migratoria de un país hace parte del ejercicio legítimo de su soberanía. Si en determinada circunstancia su gobierno considera que los flujos poblacionales en sus líneas limítrofes afectan aspectos políticos, económicos, sociales o institucionales internos, puede tomar las medidas de control que considere necesarias para cumplir los objetivos del Estado en cuestión, siempre y cuando ellas estén enmarcadas dentro de la Constitución y leyes internas así como dentro de los tratados trasnacionales que haya suscrito en la materia.

Esa premisa es la que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las implicaciones del acuerdo al que el viernes en la noche llegaron los gobiernos de Estados Unidos y México, luego de tres días de negociación en Washington, una semana después de que el titular de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazara con aplicar un alza progresiva de aranceles a los productos provenientes de la nación centroamericana si la administración del mandatario Andrés López Obrador no se comprometía a tomar -y cumplir- medidas efectivas para frenar la oleada de migrantes ilegales a la potencia norteamericana. Trump había advertido que si tal pacto no se lograba a partir de ayer los aranceles a las importaciones mexicanas subirían cinco puntos porcentuales mensualmente hasta llegar a un máximo del 25 por ciento el próximo 1 de octubre.

No hay que olvidar que mientras para el Presidente estadounidense frenar la ola de migrantes ilegales es una de sus prioridades, a tal punto que se ha jugado el todo por el todo en su proyecto de construir un muro fronterizo, el mexicano, que apenas lleva seis meses en el poder, había mostrado una postura más flexible frente a este fenómeno, lo que lejos de frenar las recurrentes caravanas de miles de personas por toda Centroamérica con rumbo a la frontera sur de la potencia norteamericana, las había incentivado.

En medio de la complicada ‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China, que tiene en vilo a todo el planeta, el solo anuncio de Trump sobre medidas arancelarias sancionatorias a México había generado una alta tensión política entre ambos gobiernos, al tiempo que creó un clima de incertidumbre económica de amplio espectro, ya que la nación manita exporta productos por más de 350 mil millones de dólares anuales a su vecina del norte.

A la par de lo anterior, es evidente que la advertencia de Trump quedó imbuida en el polarizado escenario político estadounidense, sobre todo ahora que comienza a moverse tempraneramente la campaña presidencial de cara a los comicios de noviembre del próximo año. Una campaña en que las posibilidades de reelección del mandatario Republicano aumentan, en tanto que desde las toldas Demócratas se evidencia no solo un alud de precandidatos sin precedente, sino el desespero por la seguidilla de fallidos intentos para debilitar al titular de la Casa Blanca, el último de ellos relacionado con el fracaso de la estrategia jurídica para sacarlo del cargo por vía de enjuiciarlo por la ‘trama rusa’.

El acuerdo logrado el viernes fue típicamente migratorio. El gobierno mexicano se comprometió a redoblar inmediatamente sus esfuerzos para frenar la cantidad de personas que tratan de ingresar ilegalmente por la frontera sur a Estados Unidos. Se destinarán numerosos contingentes militares y policiales para atajar las caravanas de migrantes, sobre todo al sur del país, especialmente en los límites con Guatemala. También congelarán las cuentas bancarias de cerca de una treintena de líderes de organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de personas y aumentarán las deportaciones de “sin papeles” hacia naciones centroamericanas. De igual manera, Estados Unidos devolverá a México a los solicitantes de asilo para que allí esperen el procesamiento de su solicitud. Algunas son medidas nuevas y otras de vieja data, pero incumplidas.

Puede que se tenga una postura distinta en cuanto a cómo abordar el fenómeno de la migración ilegal en Estados Unidos. Ello es válido. Sin embargo, es claro que Trump ejerció el legítimo y soberano derecho que le dan la Constitución y las leyes de su país, así como los tratados internacionales, para tratar de controlar los flujos de personas que entran y salen a su nación. Más allá de la amenaza de las sanciones arancelarias y el impacto que pudieron haber tenido, logró de México el acuerdo migratorio que venía urgiendo hace mucho tiempo y que no había podido concretar o, al menos, hacer cumplir. Además, como lo advirtió, si el nuevo pacto no se honra, volverá a revivir la presión vía encarecimiento de las importaciones. Una diferencia sustancial frente a anteriores pactos.

Al final de cuentas, la negociación se concretó y ambos gobiernos se declararon satisfechos con ella. Y eso termina siendo lo más importante, ya que no se violaron los linderos soberanos de ninguno de los países involucrados.