- Un complicado panorama económico
- La dura fórmula del gobierno Moreno
El clima social en Ecuador se encuentra bastante tenso, no solo por el impacto de la pandemia del Covid-19, sino por el duro apretón económico que está aplicando el gobierno del presidente Lenín Moreno con el fin de poner a flote las finanzas del país.
Para aplicar ese drástico control al gasto público y profundizar el plan de contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria, el Ejecutivo logró en los últimos días que la Asamblea legislativa le aprobara dos legislaciones de alto impacto, cuyos efectos ya han originado protestas en distintas ciudades.
El gobierno Moreno, que termina su periodo el próximo año, defiende el apretón con contundentes cifras a la mano: el endeudamiento asciende a 65 mil millones de dólares, un índice muy alto como porcentaje de un Producto Interno Bruto (PIB) de 110 mil millones de dólares. De igual manera, en medio de la pandemia, las medidas de cuarentena y parálisis productiva, se calcula que Ecuador ha registrado pérdidas por más de 11 mil millones de dólares, sobre todo por menor recaudo de impuestos y el freno exportador. La situación a mediano plazo no es tampoco mejor, a tal punto que al comienzo del año las esperanzas estaban puestas en poder crecer al menos un 0,7 por ciento del PIB, pero ahora, lastrada la economía por el descuelgue de los precios del petróleo -principal producto de exportación- en un aparato productivo dolarizado y semiparalizado, se teme una contracción productiva de más de un 4 por ciento.
Frente a todo ello, el presidente Moreno consideró que era necesario ser drásticos en el control del gasto público y para ello propuso a la Asamblea dos leyes de profundas implicaciones.
De un lado, el viernes pasado, las mayorías de la instancia legislativa le dieron vía libre a la llamada “Ley de apoyo humanitario” que el Ejecutivo presentó como estrategia para financiar el plan de respuesta a la pandemia, que ya deja alrededor de 33 mil casos positivos y 2.700 muertos, aunque se teme que el número de decesos sea superior pues hay más de 1.700 fallecimientos en estudio, sobre todo de la provincia de Guayas, la zona más afectada de la nación. Esta norma ha recibido un fuerte rechazo social ya que si bien, de un lado, establece alivios financieros, del otro autoriza a una reducción de la jornada laboral y de los salarios, tanto en el sector público como en el privado. La medida se justifica en el hecho de que en medio de la crisis sanitaria se han perdido no menos de 150 mil empleos.
La otra norma aprobada es la “Ley de ordenamiento de las Finanzas Públicas”, que da pie a una reducción sustancial del gasto público, que se suma a la eliminación de varios ministerios y otras instituciones que el Gobierno aplicó en la primera parte de su mandato bajo la tesis de que el exmandatario Rafael Correa dejó al país con un alto nivel de deuda y un aparato estatal gigante, burocratizado e ineficiente.
En la nueva ley de control fiscal de entrada se estableció que la deuda externa y otras obligaciones financieras no podrán superar el equivalente al 40 por ciento del PIB. Se ajustará, de forma paralela, el presupuesto de todas las entidades públicas. De igual manera, se procederá a cerrar algunas embajadas y disminuir personal diplomático así como a liquidar empresas estatales en el ramo aéreo, de ferrocarriles, correos y hasta de medios de comunicación oficiales… La meta es ahorrar más de 4.000 millones de dólares anuales.
Incluso el gobierno Moreno aplicará un nuevo esquema para definir el precio de los combustibles, en estos momentos a la baja por la caída de las cotizaciones internacionales del crudo. Es un asunto de alta sensibilidad entre los ecuatorianos, que ya en octubre del año pasado se lanzaron a las calles para exigir que se reversara la eliminación de los subsidios a la gasolina. La protesta, con picos de violencia, se extendió a nivel nacional, liderada por campesinos e indígenas, forzando al Ejecutivo a revertir la directriz.
Como se ve, la decisión del presidente Moreno de abocar este drástico plan de ajuste fiscal tiene divididos a los ecuatorianos entre quienes lo consideran un ejemplo de responsabilidad y sindéresis económica, y aquellos que advierten que en medio de la crisis sanitaria no es el momento de un apretón de esa magnitud. Además, hay un coletazo político en el que muchos temen que el desprestigiado correísmo, pese a tener ya al expresidente condenado, aproveche el descontento popular para sacar sus banderas populistas y abrirse camino para la campaña electoral del próximo año.