Lupa a los recursos
La movilización de más de $15 billones para hacer frente a la emergencia sanitaria por la epidemia de la Covid-19 tiene con las alarmas prendidas a todos los entes de control para evitar que los cuantiosos recursos sean objeto de actos de corrupción, malgasto y desgreño administrativo. Ayer, Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la República, advirtió que tras la declaratoria de Urgencia Manifiesta por la Covid-19 en diferentes municipios y departamentos del país, esa entidad llamaba a todos los entes de control para vigilar de manera activa los recursos públicos. Como se ha señalado en las últimas dos semanas, la mayor preocupación versa sobre la posibilidad que las entidades territoriales puedan realizar contrataciones de tipo directo. De hecho, en las redes sociales de algunos congresistas ya se empezó a denunciar cómo algunos gobernadores y alcaldes estarían haciendo contrataciones y destinaciones presupuestales sospechosas, sobre todo en materia de costos elevados.
¿Qué es Urgencia Manifiesta?
Según la Auditoría esta figura, contemplada por la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación Pública, autoriza al jefe o representante legal de la entidad estatal, en casos de situaciones excepcionales relacionadas con calamidades, desastres, hechos de fuerza mayor, guerra exterior o conmoción interior o emergencia económica, social o ecológica, para que pueda prescindir del procedimiento de licitación o concurso público que es obligatorio para seleccionar contratistas. La escogencia, entonces, es directa, lo que comúnmente se llama “a dedo”, razón por la cual aumenta de forma sustancial el riesgo de que se produzcan actos corruptos y otro tipo de anomalías, especialmente los relacionados con sobrecostos o la entrega de contratos a personas jurídicas o naturales que no tienen la suficiente experticia y seriedad para la tarea requerida.
“Transparencia para la Emergencia”
Ese tipo de riesgos son tan evidentes que esta semana la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría generales acordaron articular capacidades para poner en marcha un programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”. Según informó cada institución, en el marco de sus competencias, verificará el estricto cumplimiento de las medidas decretadas, ejercerá la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatará que existan las condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuará con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados. “No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, dijeron al unísono el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa Delgado. El esquema se pondrá en marcha en todos los territorios del país e inicialmente serán priorizados los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, así como servicios sociales y de atención de emergencias.
Grave antecedente
Un experimentado congresista recordaba esta semana que era necesario una vigilancia en tiempo real a todo el proceso de inversión de los recursos billonarios destinados para hacer frente a la emergencia, “… para evitar lo que ocurrió con la tragedia invernal de comienzos de la década pasada, en el gobierno Santos, que declaró también un Estado de Emergencia y destinó más de $15 billones para las fases de prevención, mitigación, rehabilitación y reconstrucción, pero muchos de los dineros que no se manejaron por el fondo nacional de Colombia Humanitaria, fueron a parar a manos de alcaldes y gobernadores que terminaron apoderándose, con carteles de contratación, de mucho dinero destinado a los damnificados, el agro y obras de infraestructura (…) se robaron mucha plata y muchos quedaron impunes".