‘Terremoto’ inca por Odebrecht | El Nuevo Siglo
Sábado, 13 de Abril de 2019
  • Carrusel de ex presidentes presos
  • La justicia no cree en intocables

 

 

La tierra que pisan los políticos suramericanos cruje, parece abrirse por efecto de un terremoto que hace caer a presidentes, ex presidentes, políticos y empresarios. Todo por cuenta del grave escándalo de corrupción del consorcio constructor Odebrecht. En Brasil arrastró a los jefes del “socialismo del siglo XXI”, el exmandatario Lula da Silva y la también expresidenta Dilma Rousseff, así como a numerosos de sus colaboradores que habían establecido con esa multinacional y la estatal Petrobras una especie de matrimonio morganático entre  millonarios, políticos y demagogos socialistas. Semanas atrás el mismo escándalo alcanzó a otro jefe de Estado, Michel Temer, quien incluso estuvo preso por algunos días.

Tanto en el gigante suramericano como en Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y varias naciones centroamericanas una parte de la dirigencia política y empresarial ha sido vinculada judicialmente con el más grande entramado de sobornos y tráfico de influencias de los últimos años, que tuvo como principal protagonista a una de las multinacionales más prestigiosas y de mayor experiencia en grandes obras de ingeniería en varios continentes. Un consorcio que, sin embargo, implementó toda una estrategia institucional de corrupción sin límites para hacerse con millonarios contratos a punta de coimas al más alto nivel y graves afectaciones a los presupuestos públicos.

Lo que en un comienzo se creyó era tan solo un caso local de sobornos y tráfico de influencias en Brasil, puesto al descubierto por las autoridades a través del caso “Lava Jato”, de un momento a otro tomó ribetes internacionales sin precedentes, con los resultados ya conocidos en más de 13 naciones suramericanas y de otros continentes.

Pero si en Brasil el escándalo ya tiene condenado y tras las rejas a Lula da Silva, procesado a Temer y fue clave para acelerar la destitución de Rousseff, en Perú el impacto ha sido mayor, pues son más los ex mandatarios salpicados. Esta semana, por ejemplo, el turno fue para Pedro Pablo Kuczynski, forzado a renunciar en marzo del año pasado, por cuenta de las pruebas cada vez más evidentes de nexos de su empresas, años atrás, cuando era Ministro, con la cuestionada multinacional brasileña. El ex Jefe de Estado inca fue detenido el miércoles. Poderoso empresario de la construcción y proveniente de una familia rica e influyente en los Estados Unidos, se le acusa de presuntos negociados cuando era Ministro del gobierno de Alejandro Toledo, quien también está siendo procesado por este escándalo y se espera que la justicia norteamericana lo extradite prontamente a Lima.

Otro exmandatario, Alan García, también está en la mira de las autoridades por la corrupción de Odebrecht. Trató de conseguir asilo en la Embajada de Uruguay en Lima y, por ahora, tiene prohibido salir del país por orden judicial.

El expresidente Humala, junto con su esposa, también resultó salpicado. Incluso tanto él como ella estuvieron presos el año pasado. Aunque ya salieron de prisión, siguen procesados y se dice que podrían ser llevados de nuevo tras las rejas por diversos casos en su contra.

En todos estos procesos ha sido clave que los fiscales del caso “Lava Jato” han seguido interrogando a los ex directivos de Odebrecht en Perú y tras la firma del acuerdo de colaboración judicial, sus testimonios han sido determinantes para llevar a los estrados judiciales a los ex mandatarios incas.

Pero la cuestión no termina ahí. Como se sabe el expresidente Alberto Fujimori fue condenado años atrás por graves violaciones de derechos humanos en su gobierno. Aunque recibió una especie de indulto el año pasado, la medida se cayó y volvió tras las rejas. A ello se suma que su hija Keiko, dos veces candidata presidencial, también está en prisión debido a denuncias sobre recepción de dineros de Odebrecht para sus campañas electorales.

Además de todo lo anterior, en Perú han caído fiscales, jueces y magistrados que se pregonaban como insobornables agentes de la justicia pero desviaban investigaciones de fondo para proteger a los gobernantes y funcionarios corruptos. Ahora, tras una intensa depuración de la rama judicial, es evidente el aumento de la integridad moral de los togados vigentes.

Es claro, entonces, que la justicia de Perú avanza a pasos agigantados para desenredar la trama del más grande escándalo de corrupción de los últimos años. Bien por ella. Pero es imposible comparar esa situación con lo que ocurre en otros países. El acceso a las pruebas, los acuerdos con los ex funcionarios de Odebrecht en Brasil, los hallazgos por cuenta propia de las autoridades locales, los allanamientos de cargos y otros elementos procesales han marcado distintos ritmos pero, en la mayoría de los casos, ya se está llegando a las más altas esferas involucradas. Lo importante, en todo caso, es que la impunidad no se ha podido abrir camino.