- Más allá de condolencias y solidaridad
- Muchos flancos para analizar y corregir
Este martes 9 de abril se conmemora en todo el país el “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas”. Si bien es una fecha que se creó para que quienes han sufrido la tragedia del conflicto armado puedan alzar su voz, relatar su historia y exigir con toda la vehemencia a sus victimarios y al Estado el cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, también es ocasión propicia para que desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como la opinión pública, las organizaciones políticas, sociales, no gubernamentales y otros sectores nacionales e internacionales se haga un análisis objetivo y certero sobre la situación de las impactados por la violencia en Colombia y si la política oficial delineada para tratar de resarcir el daño que sufrieron está cumpliendo efectivamente con sus objetivos.
Un análisis que debe empezar por las preocupaciones más evidentes que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses alrededor de este delicado asunto. Por ejemplo, por más que la Fiscalía y otras instancias han denunciado que la guerrilla desmovilizada de las Farc no entregó todos los bienes ilícitos y que, incluso, las autoridades han decomisado propiedades no reportadas en el polémico inventario remitido al anterior gobierno, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no se ha pronunciado al respecto, pese a que según el acuerdo suscrito esto constituye un grave incumplimiento y debería tener sanciones drásticas a los responsables. Igual ocurre con las denuncias en torno a que el listado de bienes muebles e inmuebles que esa facción insurgente presentó para destinarse a reparación de víctimas está lleno de inconsistencias, reporta propiedades de particulares y baldíos estatales, otras imposibles de localizar, tasa carreteras construidas ilegalmente y llegó al extremo de calcular el costo de pequeños enseres domésticos y hasta del armamento. Es más, solo por reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, al resolver un conflicto de competencias entre la JEP y la Fiscalía, quedó claro que es esta última la que manejará y judicializará todo lo relativo a bienes decomisados a testaferros de las Farc, aunque la jurisdicción transicional deberá analizar las implicaciones que ello tenga frente a determinados desmovilizados.
No menos importante es analizar reformas a la JEP como la que acaba de plantear el Gobierno en un acto legislativo que pretende que los culpables de violaciones sexuales a menores de edad no reciban los beneficios penales ni políticos de la justicia transicional, sino que pasen a ser procesados por la justicia ordinaria. Sin duda alguna se trata de un paso audaz para castigar a quienes agredieron a las víctimas más inocentes y vulnerables como son los niños.
Tampoco está claro todavía cómo y cuándo se prorrogará la Ley de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas, cuya vigencia vence en 2021. Si bien el Gobierno ya anunció que está dispuesto a hacerlo, desde algunos sectores se ha cuestionado si ello termina siendo una buena salida, ya que alargar en el tiempo la aplicación de la norma podría dilatar aún más un mecanismo de resarcimiento de daños que no avanza a buen ritmo.
También debe servir esta fecha para que se profundice sobre el debate planteado en algunas regiones en torno a que los límites temporales que tienen los mecanismos de reparación de afectados por la violencia armada estarían dejando por fuera a quienes han resultado impactados en los últimos dos o tres años, pues pese a señalarse que estamos en la era del posconflicto, la realidad es que el Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales organizadas continúan asesinando, secuestrando, desplazando, extorsionando y apropiándose a sangre y fuego de propiedades de particulares.
Por igual, en medio de la racha de homicidios de líderes sociales registrada en los últimos dos años, un asunto que no sólo genera continuas controversias sobre el número de víctimas y está siendo politizado al extremo, es urgente abrir una discusión sobre la clasificación de estos activistas, ya que hoy por hoy en ella caben desde voceros de procesos de restitución de tierras, sindicalistas, defensores de derechos humanos, cabezas de organizaciones de desmovilizados, representantes de minorías y del campesinado, hasta presidentes de juntas de acción comunal. Un rango tan amplio de perfiles dificulta, en la práctica, la protección de los mismos así como la individualización de los autores materiales e intelectuales de los crímenes en su contra.
Como se ve, hay mucho asunto pendiente para analizar sobre las víctimas. Por eso este martes, además de rendirles homenaje, la obligación es ir más allá de la condolencia y la solidaridad. Urge un debate a fondo sobre la política de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. No hacerlo es irrespetar el dolor de quienes sufrieron la peor parte de la guerra.