La decisión del personero de Cúcuta, Martín Herrera, de suspender del cargo por tres meses a dos secretarios de la Alcaldía generó una gran controversia en la capital de Norte de Santander.

Los suspendidos fueron el secretario privado Abraham Ararat y el de Prensa, Carlos Díaz. Adicionalmente fue aceptada una demanda de nulidad electoral en contra del secretario Tránsito, Jorge Mayid Gene, en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Los funcionarios son investigados porque no cumplirían con los requisitos establecidos en relación con sus estudios y experiencia laboral.

Al secretario Arafat le fue abierta la investigación porque sus títulos obtenidos en el exterior no cumplirían con los requisitos. “Se infiere que Abraham Ararat Mafla se posesionó y ejerce el cargo de secretario privado de la Alcaldía sin cumplir con la exigencia de formación académica”, señaló el personero, quien remarcó que el funcionario debía apartarse del cargo de forma temporal porque su permanencia en este “posibilita seguir cometiendo la falta disciplinaria o que la reitere”. Sobre el secretario Díaz se señala que su título de comunicador social no apareció en la carpeta que presentó y adicionalmente no fueron validadas certificaciones laborales.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, criticó duramente las sanciones disciplinarias. “Los hechos sucedidos en las últimas horas han sido un baldado de agua fría para una administración que, en democracia, aceptó con gran responsabilidad el reto de representar los intereses de la mayoría de ciudadanos. Creemos que la decisión de la Personería fue planteada, a nuestro juicio, de manera muy ligera y buscando cascaritas, buscando borrones. No entendemos, la verdad”, sostuvo en rueda de prensa.

El mandatario municipal señaló que las razones de las determinaciones serían “unas instrucciones perversas” en perjuicio de la ciudadanía, que buscan el “desprestigio y la desestabilización” de su gestión.

Yáñez convocó a la ciudadanía “en forma respetuosa a que estemos alerta y se hagan las investigaciones del caso”. Dijo además que ha pedido el acompañamiento de la Procuraduría y que todas las actividades de su administración son conocidas por el ente de control. Afirmó que el trabajo cada uno de los integrantes de su gabinete ha sido apegado a la ley.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Francisco Cuadros, afirmó que habría un plan para desestabilizar la administración.

De acuerdo con el funcionario, “mientras hemos venido asumiendo nuestras responsabilidades y competencias, hemos visto y alertamos una serie de acciones, desde el mismo diciembre, que parecieran, y como secretario de Gobierno invito a las autoridades a investigar, está en ejecución un plan para tratar de desestabilizar este gobierno y un plan, pareciera también, de fuerzas políticas que han querido mantenerse en las últimas décadas a punta de corrupción y de violencia”.

“Este gobierno es el clamor de una ciudadanía que se cansó. Este gobierno expresa unas fuerzas sociales de la ciudad que quieren que las cosas cambien, pero hay unas fuerzas, pareciera, y eso es lo que hay que investigar, que quisieran desestabilizar”, subrayó.