España a la deriva

  • Marchas por la unidad en Madrid
  • Rompen diálogo con los separatistas

 

 

Son tales los bandazos que da con frecuencia el gobierno del socialista Pedro Sánchez que en España las gentes se sienten mareadas, como el viajero de un buque a la deriva cuyo capitán perdió el rumbo. Unos días se reúne con los separatistas catalanes, otros se muestra distante. Y así como convoca a un consejo de ministros en Barcelona, multiplica los recursos que Madrid les debe entregar a quienes insisten en la escisión ibérica.

Los españoles saben que Sánchez anhela conseguir los votos de los separatistas para que le aprueben el presupuesto en el Parlamento, sin importarle que pierda el apoyo de las mayorías ciudadanas que están por la unidad de España. Las críticas llueven por los excesos de La Moncloa al mostrarse vacilante y complaciente con los separatistas catalanes en momentos en que varios de sus dirigentes son juzgados por la justicia nacional. A su turno, los empresarios están molestos por los intentos oficiales de modificar la política laboral y aumentar los impuestos, lo que ven como un atentado a la libre empresa. El populismo, entonces, se abate sobre España y las expectativas de recuperación productiva se tornan sombrías.

Prueba de ello es que las autoridades financieras europeas estiman que la economía española no crecerá más del 1,5 por ciento anual, pese incluso al multimillonario aporte del turismo. Varios de los magnates y consorcios más importantes del país perdieron el año pasado cuantiosos capitales. Unos y otros denuncian que en parte se debe a la incertidumbre que provoca entre los inversionistas y la opinión pública el populismo socialista. La tendencia demagógica a aumentar el salario mínimo, que no se corresponde con un incremento de la producción y la rentabilidad empresarial, puede conducir a una tendencia recesiva, advierten los expertos. Parece que nadie sabe en el gobierno, y menos fuera del mismo, cuál es la política económica a seguir, dados los frecuentes cambios sobre la marcha y las contradicciones entre los altos funcionarios.

El malestar de la mayoría de los españoles es tal que aumenta la petición de llamar a elecciones, sobre todo porque el actual gobierno no subió al poder por el dictamen de las urnas sino por una negociación parlamentaria. El Ejecutivo socialista, sin embargo, se resiste a convocar los comicios en cuanto las encuestas señalan que perdería el poder.

Como ya se dijo, el descontento va en aumento por cuenta de las negociaciones del gobierno con los separatistas catalanes, precisamente cuando los prisioneros que participaron en el intento de desgarrar a España son trasladados a Madrid para ser juzgados. La tensión llegó a tal grado entre los jueces que éstos han protestado públicamente por la insensatez oficial de tratar a los separatistas como si estuviesen negociando con una potencia extranjera, incluso con intermediarios entre las partes que hicieran de veedores. La reacción en la opinión pública y el poder judicial fue de tal magnitud que forzó a Sánchez a suspender las conversaciones.

La oposición, sin embargo, no afloja. En rechazo a cualquier  nuevo intento de diálogo de gobierno con los secesionistas ha convocado grandes marchas en Madrid por la defensa de la unidad de España. También llama a protestar por el aumento irresponsable del gasto público, así como la ligereza con que se maneja desde el Ejecutivo el tema de los migrantes. El descontento en el país es tal que, incluso, veteranos dirigentes socialistas como Felipe González han manifestado su desacuerdo con el gobierno por el contubernio con los separatistas. Fuera de eso los españoles rechazan el doble juego oficial frente a la crisis en Venezuela, dado que Sánchez, en tanto dice estar por la defensa de la democracia en ese país hermano, intentó por otro lado legitimar al gobierno de Maduro, proponiendo que fuese a elecciones cuando Juan Guaidó ya había sido reconocido por muchos países americanos, europeos y de otras latitudes.

El hecho político de que el gobierno socialista haya roto los diálogos con los separatistas catalanes en vísperas de la marcha de protesta en Madrid, más allá de ser una maniobra oportunista, de todas formas muestra que no es sordo frente al reclamo popular por la defensa de la unidad nacional. La vicepresidente del gobierno, Carmen Calvo, a última hora salió a dar la cara para explicar la deserción oficial en las negociaciones con los separatistas catalanes, aduciendo que el trazado que el gobierno hizo no fue aceptado por la Generalitat.

Pese a esas explicaciones, la opinión pública siempre estuvo al tanto de que lo que se buscaba era “santificar” a los separatistas en momentos que se juzga a los golpistas de Barcelona, así como debilitar el papel de los jueces. Una jugada que, por evidente, fracasó.