- Viabilizar uso de glifosato en fumigaciones aéreas
- Un protocolo estricto en materia vital y ambiental
La lucha contra el narcotráfico es una de las más complicadas de afrontar para cualquier Estado. Es un fenómeno delincuencial con gran capacidad de reciclaje y adaptación a las circunstancias cambiantes derivadas no solo de la acción de las autoridades sino de la evolución en la oferta y demanda de narcóticos. Colombia, sin duda alguna, es el país que más experiencia tiene a nivel global en este combate, pues ha enfrentado con decisión y resultados tangibles a los carteles narcotraficantes más peligrosos, al tiempo que comprende la complejidad de este flagelo criminal, bajo el entendido de que es un delito de tracto sucesivo, trasnacional, que debe atacarse en cada uno de los eslabones, desde la siembra, cosecha, procesamiento del producto, cadena de abastecimiento de insumos químicos, hasta las rutas de transporte del alcaloide, los intermediarios locales, regionales e internacionales, las distintas modalidades de exportación e incluso la evolución de la demanda de los alucinógenos … No existe otra nación en el globo con ese acumulado procedimental en este combate.
Partiendo de esa base, y siendo evidente que el narcotráfico es el combustible del conflicto armado y sus múltiples derivaciones violentas y delincuenciales en las últimas décadas, cuando el Estado solicita viabilizar alguna herramienta para hacer más eficiente esta lucha, no lo hace de manera caprichosa o como simple globo de ensayo. Sobre todo porque ya está más que claro que una de las causas de que entre 2013 y 2018 se quintuplicara la extensión de narcocultivos en Colombia fue la decisión del gobierno anterior, en 2015, de prohibir las fumigaciones aéreas con glifosato a los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola. Se argumentó entonces que un informe de una agencia de la ONU daba cuenta del riesgo cancerígeno por la utilización de este químico. Una decisión gubernamental que, junto a las repercusiones que el entonces proceso de paz con las Farc tuvo en el accionar de la Fuerza Pública, generó un escenario que abrió paso al boom narcotraficante que llevó a que el área sembrada de cultivos ilícitos pasara de 43 mil a más de 200 mil hectáreas en el lapso y un potencial exportador superior a las mil toneladas anuales de cocaína.
Frente a esa realidad, el actual Ejecutivo se dio a la tarea desde el día uno de su mandato de viabilizar la reanudación de las aspersiones con glifosato, sobre todo porque la búsqueda de otro herbicida no progresó. Para ello acudió a la Corte Constitucional pidiéndole aclarar los alcances de la sentencia T-236 de 2017 en la que, para no pocos, se descartaba de plano el uso del glifosato en las fumigaciones aéreas sobre narcocultivos. El alto tribunal procedió en consecuencia, citó al comienzo del año pasado una audiencia pública para escuchar argumentos a favor y en contra, y tras ello emitió el Auto 387 de julio de 2019, en donde si bien ratificó el contenido de su fallo de dos años atrás, dejó en claro que no se habían prohibido las aspersiones sino que quedaron sujetas a una serie de estrictas condiciones que, bajo la aplicación del principio de precaución, debe cumplir la Fuerza Pública en materia de prevención y disminución del daño eventual o colateral a la salud humana, salud animal, fuentes hídricas y cultivos legales. Para ello se necesita la formalización de un protocolo absolutamente detallado, procedimental, con instancias de certificación y vigilancia del antes, durante y después de la aspersión, siempre bajo una premisa básica: “no equivale a demostrar por una parte que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
Así las cosas, lo que el Gobierno hizo días atrás, al publicar el borrador de decreto en donde se plantea dicho protocolo, que debe ser presentado luego al Consejo Nacional de Estupefacientes para su evaluación y aprobación, es cumplir con la hoja de ruta señalada por la Corte Constitucional. Ahora lo importante es que todos los sectores interesados presenten sus comentarios a dicho procedimiento y señalen los ajustes y correcciones del caso, siempre bajo la óptica de que el enemigo es el narcotráfico y de que toda herramienta que el Estado considere viable para su combate puede ser viabilizada, obviamente dentro de los cánones obligatorios de protección a la vida y el medio ambiente, con los mecanismos de prevención, amortiguación y rehabilitación respectivos.
Si en 2019 se logró ya el objetivo primordial de frenar el aumento de la extensión de narcocultivos, con las aspersiones aéreas la meta no es otra que golpear el alto porcentaje de resiembra y retomar, de nuevo, la senda perdida del marchitamiento definitivo de este flagelo que tantas vidas ha cobrado y cobra en Colombia.