- 70 leyes sancionadas el año pasado
- Partidos deben ejercer rol de filtros
Uno de los mayores problemas que arrastra el país es, sin duda, el de la sobreproducción de leyes, decretos, reglamentaciones, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales y otros instrumentos normativos de nivel nacional, regional y local.
Ya el año pasado se dio un paso clave en la lucha contra la llamada “inflación legislativa”, luego de que el Congreso aprobara un proyecto que eliminaba más de 11 mil leyes y decretos considerados desuetos o inútiles. Esa norma de depuración, sin embargo, no ha entrado en vigencia debido a que la Presidencia de la República la tuvo que objetar porque se incluyeron, por error, algunas leyes que no se podían derogar, tanto en el campo penal como en el administrativo. Hasta el momento el Parlamento no ha debatido las objeciones de la Casa de Nariño, razón por la cual esa racionalización normativa continúa en vilo. Se espera que cuando se reanuden las sesiones, a mediados de marzo, este asunto se aborde con sentido de urgencia.
En el entretanto la sobreproducción de normas no se detiene, pese a que cuando el país hizo todo el largo proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una de las exigencias para entrar a ese club exclusivo de 35 países con buenas prácticas de gobierno era, precisamente, la racionalización de la legislación vigente.
Un informe publicado en la edición de ayer de nuestro diario dio cuenta de que en 2019 se sancionaron un total de 70 leyes, dos más que un año antes, 15 por encima de 2017 y 21 más que en 2016. Ese ritmo legislativo explica por qué desde que la actual Constitución entró en vigencia, en 1991, se han expedido más de 2.000 de estos mandatos legales.
Al revisar lo ocurrido el año pasado se encuentra que una parte de las nuevas leyes tiene que ver con temas de trascendencia mediana como homenajes a personas, municipios o entidades, cuyo trámite termina quitándole espacio y tiempo a otros proyectos con mayor alcance o urgencia. En cuanto a las reformas constitucionales, hubo cinco actos legislativos promulgados en 2019 y otro tanto quedó en trámite para su respectiva segunda vuelta parlamentaria a partir de marzo próximo.
Ya en anteriores ocasiones hemos advertido desde estas páginas sobre la necesidad de que la iniciativa legislativa, tanto a nivel del Congreso, como de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, tenga un control previo por parte de los partidos a los que pertenecen los parlamentarios, diputados y concejales. No en pocas ocasiones se han presentado casos en los que las propias bancadas y colectividades se ven sorprendidas por las iniciativas que presentan algunos de sus avalados. Es más, existen antecedentes de directivas partidistas que han tenido que desautorizar los alcances de proyectos impulsados por sus integrantes.
No es un asunto de menor importancia. Para no pocos expertos esta clase de circunstancias, en la que cada congresista, diputado o concejal puede presentar unilateralmente los proyectos que considere, es la que impide que los partidos puedan demostrar una mayor coherencia y unidad programáticas ante sus electores y el país en general.
No hay que olvidar que a comienzos del año pasado uno de los propósitos del Gobierno para tratar de ordenar y agilizar el trabajo parlamentario fue, precisamente, adelantar una serie de reuniones con los partidos para priorizar las iniciativas de ley y acto legislativo a debatir, sobre todo ante la coyuntura de que el segundo semestre estaría marcado por la campaña para la elecciones regionales y locales de octubre 27. Poco se avanzó en esa dirección pero impactó que tanto el Ejecutivo como las propias bancadas advirtieran que estaban radicados en Senado y Cámara ¡más de 400 proyectos!
Si bien la polémica en torno a la sobreproducción normativa siempre se da en la esfera nacional, lo cierto es que también, como lo advirtieran en los días recientes algunos de los nuevos gobernadores y alcaldes, debe abordarse esta problemática desde el punto de vista departamental y municipal, en donde hay un alud de ordenanzas y acuerdos que dificultan el accionar de las administraciones y la relación de estas con la ciudadanía.
Siendo imposible parar la actividad legislativa, es claro que se necesita aplicar un criterio de racionalización, que debe empezar, precisamente, por los propios partidos y movimientos políticos, que deberían tener un rol más decisivo a la hora de dar visto bueno previo a las iniciativas que radican sus avalados. Mientras ello no ocurra el trancón de proyectos seguirá siendo el pan de cada día y la inflación normativa un lastre para el funcionamiento del Estado, la seguridad jurídica y la propia transparencia en el relacionamiento entre las instituciones y la ciudadanía. Todo ello lo único que produce es ineficiencia administrativa, dilapidación de recursos y esfuerzos públicos y, finalmente, corrupción.