En fallo de primera instancia, el Consejo de Estado decretó ayer la muerte política del representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, porque habría omitido vigilar el trabajo de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pues uno de ellos permanecía fuera de la capital de la República sin que aparentemente desempeñara sus funciones.

No obstante, se espera que el parlamentario del Partido Liberal presente una apelación al fallo, por lo que permanecerá en su curul mientras que se produce una decisión de fondo.

Según el demandante, Estupiñán dio “indebida destinación a recursos públicos” al vincular a Jahir Mena a su UTL sin que este “hubiera ejercido las funciones propias del cargo”.

El Consejo de Estado indicó en su decisión que "en consecuencia, como Mena Quiñones no desempeñó las funciones del empleo que le asignaron y el congresista autorizó el pago de los mismos en los términos ya señalados, de dicho comportamiento se deriva que el señor representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache propició voluntariamente la aplicación diferente de los dineros públicos y con ello distorsionó la finalidad prevista para los mismos”.

Por estos hechos la Procuraduría adelanta una investigación al parlamentario liberal, la cual arrancó en septiembre de 2018 por la presunta exigencia de parte del salario a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo.

La apertura de esta acción preliminar disciplinaria se dio tras la denuncia que hizo a un medio de comunicación Jhair Mena, según la cual le habrían exigido parte de su salario cuando apenas culminaba el primer mes de vinculación laboral con la UTL del representante Estupiñán, bajo la supuesta amenaza de poner fin a la vinculación laboral.

En mayo del año pasado la Procuraduría suspendió al representante Estupiñán por tres meses. El organismo de control explicó en esa oportunidad que se trató de una medida cautelar de cara a la investigación que le abrió para evitar, según los medios probatorios recaudados en la indagación preliminar, que el dirigente político reiterara la presunta conducta irregular de nombrar funcionarios que, al parecer, no desempeñan sus labores en el Congreso en Bogotá, sino que permanecen en sus regiones de origen y no prestan sus servicios a la actividad legislativa para la que fueron vinculados.

De acuerdo con la Ley Quinta de 1992, la UTL fue concebida para apoyar la labor legislativa, y no puede ser considerada una herramienta al servicio particular del legislador, ni de su actividad proselitista.

A principios de 2019 el Consejo de Estado le mantuvo la curul a Estupiñán, cuya elección fue demanda porque cuando se inscribió supuestamente estaba inhabilitado, ya que su hermana era funcionaria de la Registraduría.