La tarea | El Nuevo Siglo
Martes, 22 de Enero de 2019

El autodenominado Ejército de Liberación Nacional, Eln, ha sido señalado por las autoridades investigativas como el más probable autor del salvaje atentado contra el Alma Mater de la Policía Nacional que produjo más de 20 muertos y una centena de heridos en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. Se trata de un típico acto terrorista que, como dice el Código Penal, busca crear zozobra o terror generalizado, agravado porque se realiza en un centro de instrucción pública que es lo que en realidad son las Escuelas de Cadetes de cualquier fuerza. Estudiantes víctimas del terrorismo siempre insensato son la mayoría de las víctimas en esta ocasión.

Como consecuencia del atentado terrorista, el gobierno nacional ha decidido dar por culminadas las conversaciones de paz que se adelantaban en La Habana (Cuba), ha dispuesto la reactivación de las órdenes de captura de los jefes del Coce que estaban suspendidas por razón de esas conversaciones y en el comunicado oficial degradó al grupo de guerrillero a simple GAO.

Esperemos que por el bien del país, el gobierno nacional no solo haya sopesado bien las consecuencias de cada una de sus decisiones, sino que tenga un plan concreto de enfrentamiento de una organización criminal tan radical y sin freno moral alguno como el Eln.

Los organismos de inteligencia saben lo difícil que es combatir una estructura militar que en algunas regiones del país tiene un trabajo social tan largo y  dilatado que ha logrado una total penetración de la mayoría de las capas sociales. En Arauca, por ejemplo, es perfectamente posible encontrar familias donde el abuelo, el padre y el hijo han militado o son militantes de la organización. Y “organizaciones sociales” que en realidad son fachadas que por convicción o por obligación sirven al grupo.

El combate de las estructuras criminales, guerrilleras o de delincuencia común, no puede limitarse a lo militar o a lo policial, sino que el Estado debe conquistar su legitimidad a través del procesamiento y condena judicial de los responsables de cada organización conforme a las garantías contenidas en la Constitución.

Sin embargo, el Estado debe plantearse seriamente la problemática que significa el procesamiento judicial de poderosas organizaciones criminales con las reglas de un Código de Procedimiento Penal que no está diseñado para ese efecto, sino para procesos “normales” de un delito, un procesado, un defensor, una víctima.

Cuando se trata de macro procesos, el Código de Procedimiento se queda corto, tal como ha quedado demostrado en más de una ocasión en la historia judicial del país. Por esa razón es que se hace necesario que el Estado colombiano vuelva a pensar en la necesidad de estructurar Estatutos Especiales que desde el conocimiento de la realidad social, militar y financiera de las organizaciones criminales sean capaces de facilitar su investigación, procesamiento y juzgamiento.

La mayor amenaza a la seguridad del Estado Colombiano no proviene de los enemigos externos que cada gobierno se inventa de acuerdo a sus intereses políticos, sino de las Organizaciones Criminales locales que es necesario combatir seriamente. Y los elenos no son los únicos.

@Quinternatte