Los independentistas catalanes pusieron este miércoles los cimientos para una nueva investidura de su líder Carles Puigdemont, instalado en Bélgica, augurando un nuevo choque con el gobierno español tras el fallido intento de secesión de finales de octubre.

En la primera sesión parlamentaria desde entonces, los separatistas retomaron el control del parlamento regional y pusieron al frente a uno de sus diputados, Roger Torrent, de 38 años, que se impuso con 65 votos contra 56 del candidato opositor.

También consiguieron controlar el órgano rector de la institución, con cuatro de sus siete miembros surgidos de sus filas, que en los próximos días debe decidir si permite una investidura a distancia de Puigdemont rechazada por el gobierno español de Mariano Rajoy.

Hasta ocho diputados no pudieron asistir a la sesión: cinco de ellos estaban en Bélgica, entre ellos el mismo Puigdemont, y tres más en prisiones de Madrid. En la cámara, su ausencia se hizo notar con cuatro grandes lazos amarillos, símbolo de protesta contra su situación.

En el exterior del parlamento, blindado por motivos de seguridad, cientos de militantes independentistas se congregaron para seguir cómo sus representantes recuperaban la institución.

La cámara fue disuelta el 27 de octubre por Rajoy, horas después de que en una votación seguida por toda Europa se aprobara una declaración unilateral de independencia para fundar una fallida república.

Ese mismo día, el gobierno central tomó el control de la región, destituyó el ejecutivo de Puigdemont y convocó nuevas elecciones para el 21 de diciembre en esta región de 7,5 millones de habitantes dividida sobre la secesión.

Pero a pesar de tener numerosos candidatos en el extranjero o en la cárcel, investigados por rebelión y sedición, los independentistas renovaron su mayoría parlamentaria con 70 escaños sobre 135 y un 47,5% de los votos y se disponen a recuperar el poder regional.

Candidato Puigdemont

El próximo paso es investir al presidente en la sesión de investidura que debe celebrarse como muy tarde el 31 de enero.

Los dos principales partidos separatistas, Juntos por Cataluña de Puigdemont e Izquierda Republicana de Cataluña, anunciaron un acuerdo para investir a Puigdemont, aunque no precisaron cómo hacerlo.

Perseguido por la justicia española, el líder independentista quiere ser investido desde Bélgica por videoconferencia o mediante un discurso leído por otro diputado.

Pero Mariano Rajoy no aceptará que Puigdemont gobierne telemáticamente desde Bélgica esta región mediterránea. "Recurriré el primer acto administrativo" en este sentido, dijo a los periodistas el martes.

Además, con ocho diputados sin capacidad de asistir al debate, la mayoría parlamentaria de los independentistas no está asegurada.

Este miércoles pudieron salvar la situación permitiendo la delegación del voto de los tres diputados encarcelados, a los que el juez había dado permiso para hacerlo.

Esto causó la irritación de los partidos de oposición, entre ellos el antinacionalista de derecha Ciudadanos, que ganó las elecciones de diciembre pero no dispone de apoyos suficientes para formar gobierno.

"No se puede empezar por mal pie, no se puede empezar saltándose las reglas del parlamento", dijo Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Posible bloqueo

Aun así, el primer discurso de Torrent, licenciado en políticas de 38 años y alcalde de un pueblo cerca de Girona, feudo nacionalista, supuso un cambio de tono respecto a la tensión de los últimos meses.

Se comprometió a buscar "diálogo y consenso", evitó hacer referencias directas a la declaración de independencia e insistió en la pluralidad de la sociedad catalana.

"En esta cámara hay 135 voces y yo he de defender todas, las que hoy están aquí y las que no pueden estar", afirmó denunciando también la ausencia de sus compañeros.

En los próximos días debe reunirse con los diferentes grupos para designar un candidato a presidente que, según la oposición y los servicios jurídicos del parlamento, debe asistir al pleno para ser escogido.

Pero desde Juntos por Cataluña insisten en que "no hay plan B" a la investidura de su líder, aunque eso lleve a un bloqueo político y al mantenimiento de la intervención de Madrid sobre la región.

"No hay nada que haga pensar que no seguiremos enquistados en una situación de conflicto institucional", augura el filólogo y columnista Jordi Amat, autor de varios libros sobre este conflicto.

Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, esta crisis política ya ha costado mil millones de euros al crecimiento de esta región, que supone el 19% del PIB nacional.