A ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña se les imputó los delitos de sedición y rebelión. La Audiencia Nacional le dictó prisión preventiva. Sin embargo, este órgano no era el competente para hacerlo. Además, no parece la solución idónea a la coyuntura política
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LA POLARIZACIÓN entre el gobierno central de España y Cataluña vive una nueva etapa: la cárcel. Luego de imputarle a la cúpula independentista sedición y rebelión, la justicia española dictó prisión provisional contra ocho miembros del gobierno de Carles Puigdemont, generando reacciones en contra y a favor de la decisión.
Tras más de dos meses de coyuntura, la decisión, lejos de aliviar las asperezas, incrementa las diferencias entre el independentismo catalán y el gobierno central de España. La respuesta de la Audiencia Nacional, autoridad judicial, parece desproporcionada, al mismo tiempo que la declaratoria de independencia, declarada el pasado viernes, se caracteriza por lo mismo.
Lo jurídico
La conclusión sobre el tema en general sigue siendo la misma: la independencia catalana es ilegal y, aparte de serlo, no ha contado con el aval democrático que dice tener (sólo el 43% de catalanes participó en el referendo). Pero el manejo de la administración Rajoy sobre la coyuntura ha sido inconveniente.
Se puede o no estar de acuerdo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución de España que le da las facultades al Gobierno para intervenir administrativa, financiera y políticamente una comunidad autónoma. Eso hace parte de un criterio de valoración político, porque, desde lo jurídico, es válido. Entendiendo eso, Rajoy ha intervenido Cataluña, destituyendo el gobierno y nombrando ministros en cargos del gobierno autonómico.
Pero cosa distinta es lo que pasó ayer. La Audiencia Nacional, uno de los máximos órganos judiciales en España, juzgó a la cúpula independentista, vulnerando el principio de juez natural, previsto en la Constitución de España y, por ende, en los tratados de Derechos Humanos firmados por el país.
Confiando en su mano dura, algunos medios locales dicen que el Gobierno instó a la Audiencia para que adoptara competencias extraordinarias, imputando a los miembros del gobierno de Puigdemont por la causa independentista. El competente, sin embargo, para fallar dirimir la polémica, era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano legitimado por la Constitución de 1978.
“La solución judicial a un problema político no es la vía más idónea para resolver la coyuntura. Ahora el independentismo entra en una etapa de victimización, radicalizando las posiciones, mientras Rajoy pierde legitimidad para negociar.”
Para bien o para mal, así funciona. Esa es la consecuencia de tener un ordenamiento territorial construido bajo el modelo autonómico. Algunos, como los catalanes, quieren que la autonomía sea mayor, sobre todo en lo económico, porque en términos judiciales hay un manejo casi exclusivo de la región, salvo cuando se trata de una instancia de cierre.
En 2008, esta interpretación fue hecha por la misma sala penal de la Audiencia Nacional. “El delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”, dijo en auto la alta corte. El portal el Diario, de Madrid, además publica que en el mismo caso el Tribunal Supremo, la otra máxima autoridad judicial, explicó que el delito de rebelión “nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de gobierno (…) por lo que es absolutamente injustificado concluir de forma taxativa que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación”.
Por lo general, los gobiernos justifican el cambio de competencias judiciales dada la gravedad del delito. Esto da lugar a debate. Seguramente Rajoy apeló a la fractura de la unidad de España como argumento suficiente para que la Audiencia Nacional asumiera la competencia. Pero tras la dictadura, en España, ningún gobierno había argumentado eso. De ahí que la medida sea inconveniente.
Como jefe de gobierno, Rajoy creyó que enviando a la cárcel a los independentistas lograría garantizar la estabilidad en España. No parece la mejor manera de hacerlo. Vulneró, por más de que la independencia sea ilegal y antidemocrática, las competencias autonómicas de una región que intenta salvar. ¿Por qué no confió en Tribunal y Audiencia de Cataluña?
Aparentemente, le faltó recordar que el Tribunal de Cataluña fue el mismo que declaró ilegal el referendo, desvirtuando todo vicio de forma y de fondo que se podía presumir al principio.
Lo político
El victimismo es una de las maneras más efectivas de hacer política. Basta con mirar la campaña de Donald Trump y ver cómo, de Estado tras Estado, el hoy Presidente decía que representaba a las víctimas de la globalización. Tras la decisión de ayer, el independentismo se arropa bajo la misma bandera, anunciando desde ya que son perseguidos políticos.
En una sociedad divididida como la catalana, ¿esto no causa mayor simpatía por la secesión? No hay que perder de vista que Rajoy convocó a elecciones el 21 de diciembre, buscando que esa mayoría silenciosa en Cataluña –que se expresa de vez en cuando- elija un Parlamento que puede ser independentista o no. Por supuesto que él y la mayoría de España, quiere que se dé lo primero.
Encarcelados en cinco prisiones distintas, desde ya los líderes independentistas han hecho eco de las elecciones. El mismo día en que le fueron imputados los delitos de sedición y rebelión, Oriol Junqueras, destituido vicepresidente del gobierno de Cataluña, dijo en Twitter: “Haced cada día todo lo que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D. De pie, con determinación y hasta la victoria”.
Junqueras y los otros líderes independentistas buscan convertirse en mártires de una causa que sigue latente hasta el 21 de diciembre. Buscando asilo en Bélgica, Carles Puigdemont intenta legitimar el proceso a nivel internacional, de lo que, evidentemente, ha carecido (ningún país lo respalda). La Fiscalía española emitió una orden de captura en su contra, poniendo a Bruselas en una encrucijada. ¿Lo entregará? Parece que sí.
La solución judicial a un problema político no es la vía más idónea para resolver la coyuntura. Ahora el independentismo entra en una etapa de victimización, radicalizando las posiciones, mientras Rajoy pierde legitimidad para negociar.
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