El número dos del gobierno catalán, Oriol Junqueras, advirtió este sábado que la oferta de diálogo formulada a Madrid debe tener como "referencia" la independencia de la región, lo que cierra un poco más la puerta a un entendimiento entre ambas partes.

Las calles de Cataluña están conteniendo la respiración a pocas horas de que expire, el lunes por la mañana, el plazo dado por el gobierno central de Mariano Rajoy al presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont.

Éste debe clarificar si el martes pasado declaró o no la secesión ante el Parlamento regional.

Aquel día, Puigdemont causó un gran desconcierto, ya que declaró unilateralmente la independencia pero la suspendió de inmediato, como "gesto" de buena voluntad con el que propiciar un diálogo o incluso una mediación internacional.

Si este lunes responde a Rajoy que sí declaró la independencia, tendrá hasta el jueves para rectificar, y si no lo hace, el gobierno español está dispuesto a intervenir la amplia autonomía de que goza Cataluña, a través del artículo 155 de la Constitución.

En este contexto tan tenso, Junqueras declaró este sábado ante la dirección del partido que preside, Esquerra Republicana de Catalunya, que "la mejor manera de hacer la República, de hacer la independencia, es poder hacerla dialogando con todos, como mínimo con la comunidad internacional".

No obstante, "para que el diálogo tenga alguna expectativa de fructificar (...) necesita tener como referencia la construcción de la República y nuestro compromiso con la independencia".

En un tono más expeditivo, el partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno catalán, dijo que da "por imposible" cualquier diálogo con Madrid o una mediación, y exigió a Puigdemont que el mismo lunes consume el divorcio con España.

"Que levante la suspensión (de la declaración de independencia) y haya un acto solemne e inteligible para la ciudadanía de proclamación de la República", dijo una portavoz del partido, Núria Gibert.

La portavoz añadió que, para mantener la presión, la CUP trabajará "para que la semana que viene haya movilizaciones" en toda Cataluña.

Los independentistas se amparan en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, que la justicia española prohibió por inconstitucional.

Pese a que no contó con las exigencias habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido, y asegura que en él hubo un 90% de síes a la independencia, con una participación del 43%.

En ese sentido, Junqueras manifestó el apoyo de su partido al conservador Puigdemont, para que cumpla "el mandato del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana".

Madrid quiere una respuesta clara

Puigdemont se encuentra actualmente bajo una tremenda presión, y no sólo del ala dura del soberanismo.

En contra tiene a la justicia española, que lo está investigando a él y a su gobierno por presuntos delitos como el de "desobediencia", y también al empresariado catalán, que ante la incertidumbre política sacó de la región la sede social de sociedades muy importantes como son Gas Natural o los bancos Caixabank y Sabadell. Del 2 al 11 de octubre, 540 sociedades habían trasladado su sede social.

A nivel exterior, la Unión Europea y varios países latinoamericanos como México, Colombia o Chile tampoco ven con buenos ojos una secesión unilateral. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, añadió este sábado en Twitter que en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Rex Tillerson éste le transmitió "su apoyo firme a una España fuerte y unida".

Por su lado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dejó claro a Puigdemont que el ejecutivo de Rajoy no se va a contentar con una respuesta confusa al requerimiento de si declaró o no la independencia el pasado martes.

"Si contesta con una ambigüedad significará que no quiere el diálogo, y por tanto el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, que le ha tendido la mano de una manera muy sincera, tendrá que aplicar las medidas que correspondan", declaró el ministro.

Al hilo de esas "medidas", Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña (que gobierna en España pero es muy minoritario en la región) se mostró a favor de aprovechar el artículo 155 para intervenir competencias muy delicadas, como son la educación pública y la policía regional catalana.