A indagatoria 8 ‘exparas’ por desplazar 400 familias | El Nuevo Siglo
Miércoles, 10 de Julio de 2013

Para responder por su presunta participación en el desplazamiento masivo de 400 familias tras la masacre del corregimiento Chengue, en el municipio de Ovejas, Sucre, perpetrada en 2001; ocho desmovilizados del Bloque Héroes de los Montes de María y el Bloque Córdoba, de las autodefensas fueron capturados con fines de indagatoria.

 

El 17 de enero de ese año, 50 integrantes de los citados grupos armado bajo el mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, y de Salvatore Mancuso, ingresaron a la población, donde después de cortar el fluido eléctrico rodearon todo el corregimiento y empezaron a seleccionar casa por casa a los hombres entre 18 y 60 años de edad, con la disculpa de realizar un reconocimiento y verificación en un computador.

 

Sin embargo uno a uno los pasaron a un callejón donde dos paramilitares los esperaban para asesinarlos con armas contundentes como macetas y tubos de mortero. Así ejecutaron los 29 homicidios sin realizar un solo disparo.

Posteriormente los hombres armados hurtaron los elementos de valor de las residencias y luego incendiaron el lugar. Antes de huir hacia el corregimiento de Macayepo (Carmen de Bolívar – Bolívar) donde cometieron otros actos de barbarie, dejaron mensajes en las paredes intimidantes que anunciaban su llegada a otros sectores cercanos como los corregimientos de Don Gabriel, Buenos Aires, Rancho Grande, Naranjal, Los Números, entre otros, para ir por más guerrilleros.

 

Una vez difundida la noticia se generó el desplazamiento masivo de toda la población residente en los corregimientos antes mencionados.

Según la Fiscalía 25 de la Unidad contra delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (Uncdes), los hoy detenidos son sindicados de los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado.

 

Las capturas fueron realizadas por servidores del CTI de Montería (Córdoba) en esa región y en los departamentos de Sucre, Bolívar y  Antioquia, en la zona del Urabá.

De acuerdo con los términos previstos en la Ley 600 de 2000, el fiscal del caso resolverá la situación jurídica de los sindicados, mientras tanto permanecerán detenidos.