Un hermano del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli acudió este miércoles a la Fiscalía panameña para declarar en relación con los millonarios sobornos pagados en ese país por la empresa brasileña Odebrecht para acreditarse contratos.
El empresario Mario Martinelli llegó de forma voluntaria y en compañía de su abogado a las oficinas de la Fiscalía, en el centro de la capital panameña, visiblemente enojado.
"Yo no soy ningún delincuente, para nada. No sé por qué estoy aquí, no tengo nada que ver", dijo Martinelli, quien tiene medida cautelar por otro caso de supuesta corrupción durante la gestión de su hermano.
"Él no tiene nada que ver" con Odebrecht, escribió en Twitter el expresidente Martinelli, según el cual todo se trata de una "persecución política".
Mario Martinelli acudió a declarar después de que la fiscal jefe, Kenia Porcell, anunciara que se han formulado cargos contra 17 personas por el escándalo de Odebrecht en Panamá.
Aunque la funcionaria no reveló los nombres aduciendo reserva del sumario, precisó que incluye tres exfuncionarios "de alta jerarquía", ocho empresarios panameños, cinco empresarios de otras nacionalidades y un oficial de la banca privada.
Varios medios locales publicaron una presunta orden de arresto por este caso contra dos hijos del expresidente Martinelli, Ricardo y Luis Enrique.
"Ellos no están huyendo" y estarán aquí "dando la cara" cuando "estimen conveniente", dijo Cristóbal Arboleda, abogado de Luis Enrique Martinelli, quien también asistió a la Fiscalía para conocer el expediente.
El exministro de Obras Públicas José Suárez, y el exdirector de la Caja del Seguro Social Guillermo Sáenz Llorens, ambos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), también llegaron a la Fiscalía para declarar por este escándalo, de alcance internacional.
Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El expresidente Martinelli, quien vive un exilio voluntario en Miami (Estados Unidos), es requerido por la justicia panameña por espionaje a opositores y es investigado por múltiples escándalos de corrupción durante su gobierno.
Odebrecht, a la que el gobierno panameño prohibió licitar en el país, se comprometió a reintegrar el dinero entregado en comisiones.