Los recursos de las cotizaciones para riesgos laborales estarían en peligro por la falta de control adecuado de parte del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia Financiera, por lo que la Contraloría General abrió indagación preliminar en contra de los titulares de las carteras.

Así quedo explícito en el documento publicado en el que la Contraloría toma la decisión “por no haber cumplido hasta el momento con lo que la Ley 1562 del 11 de julio 2012 sobre los topes de la administración para las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y la actualización del Plan Único de Cuentas de las mismas”.

Es la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, la que “adelanta la indagación preliminar 022 de 2013 a fin de determinar y clarificar cuál ha sido el uso y destino que ha hecho de los recursos del subsistema de riesgos laborales desde la expedición de la Ley 100 de 1993 y el decreto 1295 de 1994 a la fecha”.

También determinarán el manejo, control y vigilancia que de estos recursos han hecho las entidades competentes como el Ministerio y la Superintendencia.

La decisión incluye el envío de una función de advertencia a dichos despachos remitida directamente al ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda y al superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa.

Según la Contraloría, “la ausencia de límites o reglamentación de los topes de administración que debía realizar el Ministerio del Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1562 de 2012”.

Así como la mora en la actualización del Plan Único de Cuentas para las ARL que debía elaborar la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esto, en opinión del organismo de control “imposibilita la adecuada vigilancia y seguimiento de la destinación que las Aseguradoras de Riesgos Laborales le están dando a los recursos provenientes de la cotización”.

Para la Contraloría, al no existir adecuados instrumentos de seguimiento y control, “se genera el riesgo de que los recursos de la cotización para riesgos laborales que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social y gozan de protección constitucional, estén siendo utilizados por parte de las ARL para el pago de gastos excesivos de administración y/o para el pago de corredores de seguros”.

Precisamente el tema está prohibido en la Ley 1562 puesto que establece que “los costos de corretaje deben sufragarse con recursos propios de la Aseguradora de Riesgos Laborales y no con los ingresos provenientes de la cotización”.

Es así que en la función de advertencia publicada por la Contraloría, se establece que tanto el Ministro de Trabajo como el Superintendente Financiero “han hecho caso omiso en ese aspecto a lo que establece la Ley 1562 de 2012, toda vez que dicha ley fue sancionada hace más de un año”.

Por lo anterior, la Contraloría indicó que máximo en 10 días desde el recibo de dicha función de advertencia ambos funcionarios le deben informar “las medidas que están siendo o serán implementadas con el fin de evitar y/o mitigar los riesgos señalados”.

También deben especificar el avance sobre esa reglamentación “que a la fecha no se ha hecho, pudiendo ocasionar un presunto detrimento patrimonial al Estado”.

EL NUEVO SIGLO contactó al Ministro de Trabajo y su despacho comunicó que analizaban el tema para emitir un comunicado, aún no conocido, entre tanto, la Superintendencia Financiera informó que solo hasta el próximo lunes habrá un pronunciamiento oficial.