Los empleados de la justicia que persisten en el cese de actividades podrían tener consecuencias disciplinarias, así lo indicó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al ordenar la apertura de indagación preliminar para determinar posibles responsabilidades por los efectos adversos que deja el paro en la justicia.

Al avalar el acuerdo al que llegaron el Gobierno Nacional, los representantes de Asonal Judicial y funcionarios de la Rama, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, instó a los empleados de la administración de justicia en todos los distritos judiciales del país para que retornen inmediatamente sus labores.

El jefe del Ministerio Público precisó que no existen razones para persistir en el cese de actividades, luego de haberse concretado desde el Gobierno Nacional las fórmulas de arreglo que buscan responder a las reclamaciones de los servidores de la justicia.

Indicó que las entidades encargadas de pagar los salarios de los empleados judiciales deben reconocer solamente el servicio prestado adecuadamente, al tiempo que instó a los empleados de la justicia a que compensen el tiempo perdido con el fin de poner al día los despachos judiciales.

Finalmente, hizo un llamado a la fuerza pública para que se respete el libre acceso de la ciudadanía a la administración de justicia.