La justicia rusa inculpó por "piratería" este miércoles a cinco de los 30 activistas de Greenpeace, entre ellos a una brasileña, detenidos la semana pasada tras una acción contra una plataforma petrolera en el Ártico.

La brasileña Ana Paula Alminhana Maciel, el camarógrafo británico Kieron Bryan, el sueco-estadounidense de origen ruso Dmitri Litvinov, la finlandesa Sini Saarela y el ruso Roman Dolgov fueron inculpados por "piratería en banda organizada", informó la asociación ecologista.

En Rusia, el delito de piratería puede acarrear una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. De los 30 detenidos, cuatro son rusos y 26 extranjeros de 17 países diferentes, entre ellos la brasileña Ana Paula Alminhana Maciel, bióloga de 31 años, y los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi.

"Las inculpaciones por piratería no tienen fundamento y no se apoyan en ninguna prueba", declaró Irina Isakova, abogada de Greenpeace citada en un comunicado.

Isakova indicó que la ONG tiene la intención de presentar una demanda contra las "acciones ilegales de los investigadores y de los órganos judiciales" y afirmó que se cometieron varias irregularidades en este caso, especialmente en el momento de la detención de los militantes.

Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace International, denunció una decisión "irracional, destinada a intimidar y a silenciar" a la organización.

Además, señaló que se trata de la "amenaza más seria" contra la actividad "pacífica" de la asociación desde el caso del "Rainbow Warrior", hundido en 1985 en el puerto de Auckland (Nueva Zelanda) por los servicios secretos franceses cuando protestaba contra las pruebas nucleares en Polinesia.

"Tres décadas después, los militantes del 'Arctic Sunrise' protestaron contra la industria petrolera y se arriesgan a una larga pena en una cárcel rusa", añadió y pidió a la opinión pública mundial que reclame la liberación de los militantes.

Entre los detenidos destaca el capitán del 'Arctic Sunrise', el estadounidense Peter Willcox, que dirigía el Rainbow Warrior en 1985.

Los 30 activistas están detenidos en Murmansk (noroeste) y sus alrededores desde el 19 de septiembre, cuando un comando de los guardacostas rusos abordó su barco, el 'Arctic Sunrise', en que navegaba por el mar de Barents (Ártico ruso).

Previamente, varios de los activistas intentaron escalar una plataforma petrolera del gigante ruso Gazprom para denunciar el riesgo ecológico de la actividad petrolera.

El Comité de Investigación ruso, encargado de las investigaciones criminales, inició diligencias por piratería.

Los militantes negaron estas acusaciones y, a su vez, acusaron a Rusia de haber asaltado ilegalmente su barco en aguas internacionales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la semana pasada que los militantes "no son piratas", pero sí que violaron "las normas de la ley internacional".

Tras estas declaraciones, el comité de investigación indicó que las acusaciones podrían reducirse durante la investigación.

El gobierno brasileño anunció el martes que "instruyó al embajador de Brasil en Moscú, Fernando Mello Barreto, a firmar una carta de garantía que deberá contribuir con el encaminamiento positivo del caso".

El ministerio de Relaciones Exteriores comentó a la AFP que la carta de garantía asegura que Maciel comparecerá en todas la audiencias de la investigación.

El martes, la responsable de una comisión de vigilancia penitenciaria, Irina Paikacheva, explicó a la AFP que los militantes están casi en "estado de shock" y no comprenden de qué se les acusa.

"No podían imaginar que habría estas consecuencias tras una acción pacífica en un país democrático", dijo tras visitarles.

Según Alexander Morozov, redactor jefe de la página web Rousski Journal, "la severidad de las acusaciones está relacionada con el hecho de que el Kremlin está convencido de que tras las acciones de Greenpeace se desarrolla 'un complot mundial'".

Las autoridades rusas creen que "no se trata de asociaciones civiles, sino de artimañas de la CIA, que es un 'comando", declaró a la AFP.