Dos años después del fin de su actividad armada, la presión se acentúa a favor del desarme de la organización independentista vasca ETA, pese a la negativa del gobierno español a negociar la situación de sus cientos de miembros presos.

"La principal exigencia de la sociedad vasca es el desarme y la disolución de ETA", responsable de la muerte de 829 personas, afirmó recientemente el jefe del gobierno regional del País Vasco, el nacionalista moderado del PNV Iñigo Urkullu.

ETA, que el 20 de octubre de 2011 anunció "el cese definitivo de su actividad armada" tras cuatro décadas de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra, prepara un nuevo anuncio, según fuentes concordantes.

"Por lo que tengo entendido, ETA va a publicar un comunicado en un futuro cercano", afirmó a la AFP el irlandés Brian Currin, jefe del Grupo Internacional de Contacto creado en 2011 para facilitar el diálogo pero no reconocido por Madrid.

"Se espera este otoño un comunicado de ETA, pero es difícil precisar si será en septiembre o en octubre", afirman también fuentes cercanas al dosier en Francia.

También Sortu, el partido político que sucedió a Batasuna -ilegalizado en España por ser considerado el brazo político de ETA-, había aludido a principios de agosto a un posible paso de la organización hacia su desarme. Ahora sin embargo, se muestra más prudente.

"ETA está determinada a dejar las armas y querría que los gobiernos (español y francés) asuman el papel de testigo", dice a la AFP su presidente, Hasier Arraiz.

"Entendemos que no sólo ETA tiene que participar en eso, sino que también tiene que hacerlo el propio gobierno español, para garantizar que esa parte se ha hecho de forma ordenada como se ha hecho en otras partes del mundo, Irlanda es uno de esos casos", afirma.

"No se puede plantear que un día aparezcan las armas en no sé donde, no tiene ningún sentido", agrega.

Sobre todo, "hay que entender que no solo las armas se retiran del servicio, sino también las personas", ofreciéndoles una salida diferente a la prisión, subraya Currin.

"Yo no espero que ETA anuncie un desarme unilateral porque no tiene a nadie en frente" para negociar el retorno a la vida civil de sus miembros, agrega.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2011, el gobierno conservador de Mariano Rajoy ha dejado clara su negativa a "negociar con terroristas" y acentuó sus operaciones policiales contra una ETA muy debilitada -con apenas unas decenas de miembros en libertad según los expertos- a quien exige una disolución sin condiciones.

"Así vamos a continuar, esa es nuestra política y ojalá ETA lo interiorice cuanto antes", volvió a afirmar este martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Ante el bloqueo, la Comision Internacional de Verificación del alto el fuego, creada el 28 de septiembre de 2011 pero tampoco reconocida por Madrid, no descarta suspender su misión si no hay avances.

En este contexto, la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo debe definirse próximamente sobre la demoninada Doctrina Parot, una medida que permite a España prolongar el número de años de detención de los presos etarras, recuerda el especialista Gorka Landaburu.

Unos "70 presos de ETA se verían afectados por la Doctrina Parot y hay varios procedimientos en curso", asegura Maritxu Paulus Pasurco, abogada de algunos de ellos en la localidad vasco-francesa de Saint-Jean-de-Luz.

Y es que "mientras siga habiendo presos quieras que no sigue habiendo ETA", afirma Arraiz, recordando que hay unos 600 de ellos diseminados por las cárceles de España y Francia.

"Los presos son una de las claves" para salir del bloqueo, considera Landaburu.

Sin embargo el gobierno de Rajoy ya dejó claro que no accederá a medidas de grupo, sino que cada preso debe solicitar derechos individuales como, por ejemplo, ser trasladado a un centro cercano a su familia.

Esto es algo que "se está debatiendo a día de hoy en el colectivo de presos y presas", dice Arraiz. "Me consta", asegura.