Después de realizar una minuciosa inspección a hoteles, chalets, restaurantes y casas privadas en las Islas del Rosario, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) detectó que hay arrendatarios que pagan cifras mínimas para gozar, en terrenos de la Nación, de uno de los parajes naturales más bellos del mundo.
Jennifer Mojica, subgerente de Tierras Rurales del Instituto, manifestó que “se ha constatado que gran parte de los arrendatarios está en una situación de incumplimiento y otra parte está con unos contratos que deben ser revisados”.
“Es ostensible que en la gran mayoría de los casos los cánones de arrendamiento son muy económicos frente a la contraprestación que reciben”, según quedó consignado dice en el informe del Incoder.
En total, son 28 empresas y 123 familias las que disfrutan de estas excepcionales condiciones.
Entre los inquilinos figuran exsenadores, reconocidos empresarios y, entre otros, agencias de viajes.
El canon de arrendamiento acordado equivale apenas al 1 por ciento del avalúo catastral. Para acabar con esta situación, el Incoder realizará un avalúo comercial de los predios para establecer una nueva tabla que aumente la cifra a pagar por los arriendos.
Hace poco más quince días, el Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como los entes territoriales de Cartagena de Indias preparen un plan ambiental para recuperar las Islas del Rosario y San Bernardo, debido a que fueron tomados ilegalmente por particulares para el turismo.
El fallo mencionó más de 250 procesos penales, 89 sancionatorios por normas ambientales y 189 de recuperación de baldíos que han tratado de lograr lo mismo en la última década, sin resultados.
La batalla del Estado por recuperar las Islas comenzó en 1968, cuando el antecesor del Incoder (el Incora, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) ordenó darle claridad a la propiedad, pues aseguraba que “la mayoría de las islas fueron ocupadas con fines turísticos, sin tener en cuenta la conservación ecológica”.
Desde los años setenta se reconoce que las Islas del Rosario y San Bernardo abrigan la más importante formación de corales del país, hogar de 513 especies de peces, 244 de moluscos y 199 de esponjas. Para proteger ese tesoro, en 1977 el Estado creó allí un parque nacional. Sin embargo, este solo cubre las aguas y dejó por fuera la tierra.
En 1984, 31 islas fueron declaradas bienes baldíos, es decir, terrenos propiedad de la nación que no pueden ser comercializados. Ninguno de sus ocupantes, pues, tiene derecho de estar allí. Desde entonces, ha habido todo tipo de fallos para que vuelvan al Estado, uno de ellos del propio Consejo de Estado, en 2001.
Luego del fallo, el ministro de Ambiente, Frank Pearl, advirtió que las casas y demás edificaciones que estén causando daños ambientales en las Islas de Rosario serán demolidas sin importar cuan conocidos o poderosos sean sus dueños.
El funcionario afirmó que el procedimiento para demoler las construcciones ilegales debe comenzar con la expedición de una orden a la Alcaldía de Cartagena, la cual debe a su vez dar trámite y cumplimiento a la misma con apoyo de la Policía Nacional: “Lo que pasa es que algunos funcionarios a veces tienen un conocimiento distorsionado de la ley y eso es un problema porque significa demoler casas a gente conocida o gente entre comillas poderosa y esas órdenes simplemente se engavetan. Pero con este fallo del Consejo de Estado no van a tener opción”.