El restablecimiento de la justicia premial que contempla la Ley 906 de 2004, medidas entre las que se encuentra la rebaja de penas por colaboración a los condenados, plantearon la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte Suprema, en su proyecto de reforma al Sistema Penal Acusatorio presentado ayer en el segundo Foro sobre el tema realizado en Paipa (Boyacá).

La iniciativa, creada para superar las múltiples dificultades que se presentan para la aplicación eficaz de la norma, incluye el descuento de hasta un 50% de la pena por la aceptación de cargos, la ampliación de los términos para la aplicación del principio de oportunidad, así como la eliminación de la audiencia de imputación de cargos.

La propuesta, constituida por 14 puntos, se presenta tras siete años de la implementación del sistema y tras un año de evaluación de las falencias de la Ley.

Frente al restablecimiento de la justicia premial, que propone la derogación de la Ley de Infancia, la Ley Antiterrorismo y la de Seguridad Ciudadana, el vicefiscal Jorge Perdomo explicó que estas normas son inconvenientes para la aplicación de justicia.

“Ley de Infancia y Adolescencia limita muchas de las actuaciones de la Fiscalía, no permite dar beneficios en algunos casos. Lo que han hecho estas leyes es cambiar las reglas de juego que tenía la Ley 906. Hemos detectado que estas leyes son a todas luces inconvenientes”, precisó.

Asimismo, el alto funcionario explicó que la supresión de las audiencias de imputación no significa que en la audiencia de acusación se pueda solicitar la medida de aseguramiento del procesado.

 “Al eliminar la audiencia de formulación de imputación se darían unos cambios en la estructura del sistema penal acusatorio, por ejemplo, que se pudiera solicitar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento ante la formulación de acusación”, declaró.

Perdomo señaló que esto “no se puede ver como una pérdida de poder por parte de la Fiscalía. Es claro que la Fiscalía es dueña de la imputación penal. Estamos proponiendo algunas posibles soluciones para avanzar en la descongestión del sistema”.

Frente a los beneficios jurídicos a los condenados, dijo que esto sería muy importante para ayudar a desmantelar organizaciones criminales.

“Esto es un instrumento muy importante para la lucha contra la criminalidad en el país. Muchos de los condenados quieren colaborar con información que puede ser utilizada para desarticular bandas delincuenciales”, concluyó.