Argentina se encontraba en default parcial de su deuda, ante la falta de acuerdo con fondos especulativos, los denominados fondos "buitres", por un litigio adverso en Estados Unidos concerniente a deuda impaga desde 2001.

La situación es de incertidumbre ya que el gobierno argentino niega haber entrado en default, como anunció la agencia de calificación financiera Standard & Poor's (S&P) al vencer el miércoles el plazo para un pago de 539 millones de dólares de bonos canjeados en 2005 y 2010 y bloqueado en Nueva York por el juez federal Thomas Griesa.

S&P precisó que se trata de un "default selectivo". Griesa ha congelado el pago hasta que se cumpla su sentencia a favor de los fondos NML Capital y Aurelius que ganaron un juicio por 1.330 millones de dólares.

El incumplimiento en el pago se produjo tras el fracaso de febriles negociaciones de último momento a través del mediador judicial Dan Pollack entre una comitiva argentina encabezada por el ministro de Economía Axel Kicillof y representantes de los fondos.

"Durante este proceso, el mediador propuso muchas soluciones creativas, muchas de las cuales eran aceptables para nosotros. Argentina rechazó considerar seriamente cualquiera de ellas, y en vez de ello eligió el default", señaló NML en un comunicado divulgado la mañana de este jueves.

En Nueva York, Kicillof indicó que su país no se considera en cesación de pagos: "Ese dinero está ahí, evidentemente si era un default no estaría ahí", dijo, culpando a Griesa por una situación "inédita" y "sin precedentes".

"Nos trataban de imponer algo que era ilegal, la intención era forzar una situación ilegal. Vamos a buscar una solución justa, equitativa y legal para el 100% de nuestros acreedores", afirmó el ministro, anunciando su regreso a Buenos Aires.

Kicillof criticó con dureza a Griesa, acusándolo de haber dejado en sus manos el pedido por Argentina de una suspensión de la sentencia para poder pagar a los bonistas que entraron en canjes.

"Vamos a pagarle a los que tienen bonos en default, pero bajo condiciones razonables, no bajo condiciones extorsivas", señaló, agregando que Argentina defenderá los "exitosos" canjes de su deuda soberana, aceptados por el 92,4% de los tenedores de los títulos con quitas de hasta 70% de las acreencias.

Por su parte el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, responsabilizó a Estados Unidos por el fracaso en las negociaciones. "Acá ha habido una mala praxis del Poder Judicial en Estados Unidos. (...) Por esta mala praxis Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente", acusó.

La presidenta Cristina Kirchner debe pronunciarse en cadena nacional a las 18H00 locales (21H00 GMT).

- Propuesta de bancos argentinos -

Argentina no puede pagar a los fondos especulativos el 100% de sus acreencias sin activar la cláusula "RUFO" de los acuerdos de canje de 2005 y 2010 que determina que debe equiparar los pagos a todos los acreedores.

Según Kicillof, durante las discusiones, Argentina ofreció a los fondos NML Capital y Aurelius entrar en el canje en "similares condiciones de las que entraron los bonistas de 2005 y 2010".

"Realizamos esta oferta. Lo que les ofrecimos en términos de ganancias es 300%. No fue aceptada porque quieren más y lo quieren ahora", concluyó.

Durante las últimas horas circuló una versión de la participación de bancos privados argentinos para comprar los bonos en poder de los litigantes y recibir luego títulos nuevos en dólares del gobierno, sin intervención estatal y evitando la aplicación de la cláusula RUFO, según la prensa de Buenos Aires.

Los bancos habrían ofrecido también aportar una garantía de 250 millones de dólares como otra forma de destrabar las negociaciones.

"Los banqueros argentinos tienen en sus activos bonos del canje y otros bonos cuyo valor podría estar amenazado por una situación como ésta. Así que hay muchos terceros que podrían tener interés en remediar esta situación", afirmó Kicillof de manera misteriosa.

- Consecuencias de un default -

Esta situación inédita de default declarado por una agencia de calificación financiera y negado por Argentina se produce trece años después de la catastrófica cesación de pagos de 2001, cuando el gobierno suspendió el pago de 100.000 millones de dólares, equivalentes a 166% de su PIB.

Según los analistas, una de la primeras consecuencias sería alejar de forma duradera al país del acceso a los mercados internacionales de capitales, de los que está excluida desde 2001 y a los que trataba de regresar.

Para el banco francés, Natixis, si Argentina lograra un acuerdo con algunos de sus acreedores más decididos, "el impacto sobre la economía argentina será relativamente limitado".

"Pero el costo de un default prologando será substancial", añade en una nota. "Aunque los datos económicos fundamentales sean mejores que en 2001, el país sufriría un aumento del costo de sus préstamos, los bancos reducirán probablemente sus líneas de crédito a Argentina. Un default la aislaría de los mercados financieros a pesar de los recientes esfuerzos del gobierno".

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, había minimizado el martes el impacto: "Argentina ha estado fuera de los mercados financieros por mucho tiempo y aunque el default siempre es lamentable no creemos que tenga mayores consecuencias sustantivas fuera" del país.

En tanto, Capitanich adelantó que el país recurrirá a tribunales internacionales "para hacer valer sus derechos ante la comunidad internacional".