Elevar el nivel de la Autopista Norte a la altura del humedal de Torca, poner subterráneo Transmilenio de la Avenida Caracas entre las calles 34 y 72, tres corredores férreos para convertirlos en tranvías entre Cundinamarca y la Capital, la Avenida Longitudinal de Occidente, ampliar el corredor de la carrera Séptima entre la calle 190 y el peaje de La Caro, el metro ligero por la Carrera Séptima, el nuevo complejo de El Campín, cables aéreos en el sur de Bogotá, entre otros proyectos se concretarían con la Asociación Pública Privada (APP).
Esta fórmula para que la ciudad tenga las obras necesarias que mejoren la movilidad y que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, pueda mostrar acciones de su administración antes del 31 de diciembre de 2015 cuando entrega el cargo, es el plan B ante la negativa del Concejo de la ciudad para aprobar o no el cupo de endeudamiento por 3,2 billones de pesos, pues está en veremos la citación para darle el último debate.
Mientras la administración recibe las propuestas de APP, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, explicó que prefieren que el Concejo apruebe las obras: “Trabajamos para encontrar originadores que estén dispuestos a presentar propuestas. Las iniciativas privadas financiarían las obras que necesita Bogotá. La idea es comenzar a formalizarlas”.
En el caso de los cables aéreos que se construirían en Ciudad Bolívar y San Cristóbal a un costo de 260.000 millones de pesos desde hace varias semanas hay propuestas de entes privados que participaron en los procesos de Medellín y que están interesados en las obras.
La directora del IDU agregó que “no se arrancaría de ceros porque ya hay muchas obras que tienen avanzados los estudios porque las obras propuestas en el cupo de endeudamiento se pueden hacer por APP y a cambio los privados proponen para recuperar el dinero cobros dentro de la ciudad o aprovechamiento de espacios públicos”.
El alcalde Petro tuiteó asegurando que el Distrito ya estudia varios proyectos de infraestructura que se ejecutarían por medio de una alianza público-privada.
Por ejemplo, hay una propuesta privada para elevar el nivel de la Autopista Norte a la altura del humedal de Torca, sector afectado por inundaciones en las temporadas de lluvia. La misma empresa propuso que se deprimiera todo el carril de Transmilenio por la Avenida Caracas entre las calles 34 y 72.
Así mismo está la construcción de 3 corredores férreos para convertirlos en tranvías entre Cundinamarca y la capital por la calle 13 para facilitar el transporte con municipios como Facatativá, Funza y Mosquera y Zipaquirá, Chía y Cajicá al norte de la capital del país.
Empresas privadas, también estarían dispuestas a invertir en un tramo de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), entre la entrada de Soacha y la Calle 13. Este es la mitad del trayecto total de la avenida, que pretende desviar el tráfico pesado y evitar que vehículos tengan que entrar a Bogotá, de paso hacia el norte del país.
Otro de los proyectos en que la empresa privada tiene interés es en ampliar la carrera Séptima entre la calle 190 y el peaje de La Caro para que los fines de semana disminuya el alto tráfico de vehículos con una vía más amplia y con mantenimiento.
ELEVAR ELnivel de la Autopista Norte a la altura del humedal de Torca, poner subterráneo Transmilenio de la Avenida Caracas entre las calles 34 y 72, tres corredores férreos para convertirlos en tranvías entre Cundinamarca y la Capital, la Avenida Longitudinal de Occidente, ampliar el corredor de la carrera Séptima entre la calle 190 y el peaje de La Caro, el metro ligero por la Carrera Séptima, el nuevo complejo de El Campín, cables aéreos en el sur de Bogotá, entre otros proyectos se concretarían con la Asociación Pública Privada (APP).
Esta fórmula para que la ciudad tenga las obras necesarias que mejoren la movilidad y que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, pueda mostrar acciones de su administración antes del 31 de diciembre de 2015 cuando entrega el cargo, es el plan B ante la negativa del Concejo de la ciudad para aprobar o no el cupo de endeudamiento por 3,2 billones de pesos, pues está en veremos la citación para darle el último debate.
Mientras la administración recibe las propuestas de APP, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, explicó que prefieren que el Concejo apruebe las obras: “Trabajamos para encontrar originadores que estén dispuestos a presentar propuestas. Las iniciativas privadas financiarían las obras que necesita Bogotá. La idea es comenzar a formalizarlas”.
En el caso de los cables aéreos que se construirían en Ciudad Bolívar y San Cristóbal a un costo de 260.000 millones de pesos desde hace varias semanas hay propuestas de entes privados que participaron en los procesos de Medellín y que están interesados en las obras.
La directora del IDU agregó que “no se arrancaría de ceros porque ya hay muchas obras que tienen avanzados los estudios porque las obras propuestas en el cupo de endeudamiento se pueden hacer por APP y a cambio los privados proponen para recuperar el dinero cobros dentro de la ciudad o aprovechamiento de espacios públicos”.
El alcalde Petro tuiteó asegurando que el Distrito ya estudia varios proyectos de infraestructura que se ejecutarían por medio de una alianza público-privada.
Por ejemplo, hay una propuesta privada para elevar el nivel de la Autopista Norte a la altura del humedal de Torca, sector afectado por inundaciones en las temporadas de lluvia. La misma empresa propuso que se deprimiera todo el carril de Transmilenio por la Avenida Caracas entre las calles 34 y 72.
Así mismo está la construcción de 3 corredores férreos para convertirlos en tranvías entre Cundinamarca y la capital por la calle 13 para facilitar el transporte con municipios como Facatativá, Funza y Mosquera y Zipaquirá, Chía y Cajicá al norte de la capital del país.
Empresas privadas, también estarían dispuestas a invertir en un tramo de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), entre la entrada de Soacha y la Calle 13. Este es la mitad del trayecto total de la avenida, que pretende desviar el tráfico pesado y evitar que vehículos tengan que entrar a Bogotá, de paso hacia el norte del país.
Otro de los proyectos en que la empresa privada tiene interés es en ampliar la carrera Séptima entre la calle 190 y el peaje de La Caro para que los fines de semana disminuya el alto tráfico de vehículos con una vía más amplia y con mantenimiento.
Para fortalecer la formalización empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda Distrital, firmaron un Acuerdo de Cooperación para liderar en Bogotá la creación de una Misión para la Formalización, con el propósito de concretar propuestas que permitan simplificar el sistema tributario en Bogotá y de esta manera facilitar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá, mejores condiciones para crear y hacer crecer las empresas en un entorno más favorable e impulsar el clima de inversión.
Con la “Misión para la Formalización Empresarial–Simplificación Tributaria”, que fue suscrita por Mónica de Greiff, Presidenta de la CCB; Irene Arias, Gerente en Colombia del IFC del Banco Mundial; y Ricardo Bonilla, Secretario de Hacienda Distrital, Bogotá se pondrá al día en la tendencia mundial de simplificar los trámites y procedimientos tributarios para los micro, pequeños y medianos empresarios, tal como lo han hecho Brasil, Argentina, Uruguay o México, entre otros.
La Misión permitirá conocer a fondo la carga fiscal que tienen los empresarios de la ciudad, revisar las normas tributarias, e identificar los obstáculos fiscales para el sector empresarial, enfocado a las Mipymes. La Misión hará recomendaciones a los gobiernos Nacional y Distrital en materia de simplificación y modernización tributaria.
Esta alianza público-privada de la CCB, del IFC, y la Secretaría Distrital de Hacienda, es un esfuerzo para favorecer la sostenibilidad de las empresas en condiciones de formalidad en Bogotá, donde de acuerdo con los censos empresariales la informalidad empresarial en la ciudad es del 47% y la informalidad laboral se estima en el 42%.
Según la CCB, los mayores niveles de informalidad están asociados a pagos de aportes a seguridad social, parafiscales e impuestos. Los trámites y costos para poner en marcha una empresa también siguen siendo un obstáculo.
La mayoría de las empresas informales tienen baja capacidad de generación de ingresos y es necesario crear mejores condiciones para su sostenibilidad.
Pese a los esfuerzos para incentivar la formalización empresarial, la informalidad persiste para los pequeños comerciantes y los costos de estar en la formalidad son superiores a su capacidad económica.