La suspensión provisional de la Modificación Extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot) anticipa una caída anunciada.

Ahora la ciudad estará a la merced de un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia administrativa que estudiará la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), no tanto en su contenido, sino por su construcción, es decir la competencia del destituido alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, para decretarlo.

El problema es porque se desconocieron las facultades constitucionales y legales del Concejo de Bogotá y por supuesto los ciudadanos son los que sufren las consecuencias.

En este sentido, surgen varios interrogantes. ¿Qué pasará con la gestión adelantada en desarrollo de los planes y programas contenidos en el Mepot? ¿Se suspenderán? ¿La ciudad pagará ese limbo jurídico al cual se ve sometida, mientras la jurisdicción de lo contencioso decide de fondo sobre la legalidad del mismo? ¿En cuánto tiempo? ¿El POT es anulado o sale finalmente del ordenamiento jurídico? ¿Se debe continuar con el anterior? ¿O se podría presentar otro POT ante el Concejo con los gastos que ello demanda?

Indudablemente la ciudad se sigue retrasando y estancando y su progreso en todas las dimensiones sería evidente. No es lo mismo construir y ejecutar una política hace 5 o 10 años para la ciudad.

Entonces temas como evitar la conurbación y la expansión de la ciudad, la creación de hospitales y centros educativos, proyectos relativos al uso del suelo con sus nuevas regulaciones, mejoramiento en la economía de la capital, trazado de las líneas del metro quedaron en el tintero y ahora a expensas de una decisión judicial en donde la única perjudicada es la ciudad.

 

Grave

El secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila, se declaró sorprendido frente a la versión conocida a través de medios de comunicación, respecto a la suspensión provisional del Decreto 364 de 2013, que expidió el Mepot.

Así mismo se mostró sorprendido con la agilidad con que el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, salió a pronunciarse acerca del fallo, como si ya conociera la decisión del Consejo de Estado con anterioridad.

“El Distrito no ha sido notificado por parte del Consejo de Estado. No me puedo referir al fallo porque no hemos sido notificados, pero sí debo manifestar que de ser cierto, resultaría excesivamente grave para la ciudad”, precisó el funcionario.

Indicó que gran parte de las acciones que ha permitido implementar el Mepot se podrían detener, y en ese momento sí se podría hablar de que la ciudad estaría abocada a una parálisis muy grave en casi todos los campos en los que la ciudad tiene que moverse.

“Considero que el POT apenas está empezando a mostrar sus ventajas y a dar sus frutos, y por lo tanto la evaluación que tenemos es bastante positiva. El plan está dando resultados en diversos aspectos como generar reglas del juego claras, que poco a poco todos los constructores habían adoptado”, anotó el secretario.

En su concepto, lo que debemos hacer es buscar cómo se le da estabilidad a la ciudad. Mañana mismo daremos las opciones de estabilidad cuando conozcamos el fallo del Consejo de Estado para ver qué acciones se van a tomar.

“El Decreto que modificó el POT ha permitido que empecemos a llevar equipamientos (como escuelas, centros de salud, centros Acunar para los niños, Casas de Justicia) a diversas áreas de la ciudad, generalmente periféricas, donde antes no las podíamos poner. Todo eso no se podría hacer si hay una suspensión del POT”, explicó el secretario de Planeación.

“Así mismo hemos venido avanzando muy seriamente en algo que para la Administración es fundamental: detener la expansión de la ciudad sobre sus bordes y empezar a trabajar sobre la zona central. Ya tenemos un avance importante de proyectos”, puntualizó.

El funcionario aseguró que ese instrumento le ha estado generando a la ciudad un escenario de financiación de equipamientos, vías y parques muy importante. “En menos de 4 meses, tras la implementación del POT, recaudamos 1.800 millones de pesos en cargas urbanísticas, mientras que en el primer año (2004) en plusvalías se recogieron 1.400 millones de pesos”, indicó.

De otra parte, dijo, se tienen datos de que el POT empezó a operar para disminuir el valor del suelo en las áreas donde se está empezando a actuar, efecto que normalmente generan las cargas: “El tema más grave de todo esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los constructores, que actualmente adelantan proyectos en la ciudad, quedan en una especie de inestabilidad, y esto genera un desequilibrio sicológico también en la ciudad, lo que hace que las condiciones en las que puede avanzar van a ser muy difíciles para el Gobierno distrital”.

“En caso de una suspensión provisional del POT se necesitaría implementar medidas de choque que nos indiquen cómo adaptarnos a lo que teníamos. Yo aspiraría a tener apoyo del Gobierno Nacional”, dijo Ardila.

Respecto a la inquietud acerca de qué norma rige en este momento, teniendo en cuenta que el Decreto 190 está derogado y el Decreto 364 estaría suspendido, el secretario Ardila dijo que debe ser el Consejo de Estado el que dé claridad cuanto antes sobre cuál es el camino.

En la clausura de la Asamblea Anual de Afiliados de Camacol Bogotá y Cundinamarca, el ministro Henao afirmó que Bogotá ha dejado de crecer casi diez puntos en el sector de la construcción, generando un impacto negativo a nivel nacional. El titular de la cartera hizo un llamado para que la ciudad retome su rumbo y aproveche el potencial que tiene.

"En materia de construcción, la Capital va en sentido contrario. Hoy, apenas el 16 por ciento del PIB de la construcción se genera en Bogotá, cuando en 2012 representaba el 25 por ciento en promedio". Con estas palabras, Henao manifestó su preocupación por el retroceso que ha tenido Bogotá en la construcción de vivienda y el impacto que esto trae a nivel nacional.

Dijo que la caída en ventas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Bogotá alcanza un 92 por ciento en los últimos años, y que la falta de oferta es cada vez mayor, hecho que resulta preocupante si se tiene en cuenta que Bogotá representa el 26 por ciento del PIB nacional. “Cuando Bogotá cae el país lo siente, ya que la cuarta parte de la economía se produce en Bogotá”, dijo el titular de la cartera.

Para el ministro, es lamentable ver que “la Bogotá Humana no está construyendo vivienda para los más pobres”.

Dijo que además la ciudad está expulsando a los habitantes y de paso está generando una carga para los municipios aledaños: “Muchas de las personas viven fuera de la ciudad porque no encontraron una oferta de vivienda en la Capital. Y esto pasa en todos los estratos. Por eso, es necesario generar compensaciones regionales y que Bogotá comience a tener un apoyo con el sistema de transporte público masivo y unos equipamientos en salud y educación para todas estas personas que viven fuera, pero se desplazan a diario a la ciudad”.

El impacto que está situación tiene para el empleo también es preocupante, pues según el ministro Bogotá dejó de emplear 29.000 trabajadores solo en el sector de la construcción en el último mes.

Por último hizo un llamado para que se tenga en cuenta la Vivienda de Interés Social como factor importante para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. “En Bogotá está desapareciendo la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), sacrificando la capacidad instalada que tiene el sector constructor en Bogotá. La ciudad tiene un enorme potencial edificador que debe ser aprovechado”.

 

La ciudad queda en el limbo

Para la concejala Liliana Guáqueta, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), la decisión tomada por el Consejo de Estado deja en el limbo a la ciudad, pues en las alcaldías locales, curadurias y otros entes no saben qué tipo de normatividad aplicar: “Es necesario que desde de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se tome la decisión y se generen conceptos para las entidades y de esta  manera no seguir deteniendo la evolución  en la construcción de la ciudad”.

 

Piden derogar por decreto

Por su parte la concejala María Victoria Vargas, del Partido Liberal, solicitó “expresamente al alcalde encargado, Rafael Pardo, que derogue el POT por decreto una vez el Consejo de Estado ordenó su suspensión. Esta medida provisional puede estar ocasionando más crisis y confusión en la ciudad porque es claro que carece de legalidad. Ha quedado sin piso el POT del exalcalde Petro a quien se le dijo desde la corporación en su momento, que no podía expedirlo por decreto”.

La concejala Vargas sostuvo que la medida cautelar del Consejo de Estado ratifica una consulta que ella misma había elevado sobre la validez de este Plan de Ordenamiento expedido por decreto desconociendo las facultades que tenía el Concejo de Bogotá al negarlo. El nuevo POT debería estudiarlo y debatirlo el cabildo distrital conforme a las normas legales.

 

Es “darle gusto” a los poderosos

 “Con la caída del POT vuelve a privilegiarse la devastadora utilidad de los poderosos en desmedro de una ciudad ambiental y socialmente sostenible”, manifestó el concejal William Moreno, de la Alianza Verde. “Por esta razón, rechazamos vehementemente la decisión”, agregó, anotando que “esperamos que el Consejo de Estado y los nuevos dirigentes del Gobierno Distrital reflexionen sobre este tipo de decisiones porque se va a paralizar una ciudad que prometía ser dignificada mediante el POT de la Bogotá Humana”.

 

 Se advirtió el error

“Esta actuación fue considerada como una usurpación a las competencias que por ley son exclusivas del Concejo distrital, corporación que se pronunció en contra de dicha iniciativa. Advirtiendo de manera clara y sustentada el error en el que podía caer la Administración distrital al expedir el Decreto, pero nunca fueron tenidas en cuenta y ahora vemos las consecuencias, dijo el concejal Julio César Acosta, de Cambio Radical.