El autobús en el que murieron calcinados 33 niños en Colombia, según un nuevo balance, circulaba de forma ilegal, y su conductor, que escapó de una muchedumbre airada, fue detenido y será procesado penalmente, anunció la fiscalía este lunes.

Un informe preliminar daba cuenta de 32 menores fallecidos, con edades entre los tres y 12 años, pero según las autoridades forenses ya son 33 las víctimas mortales. Casi una veintena más de pequeños fue trasladado a hospitales, y tres de ellos están graves.

El vehículo de uso escolar tenía vencido desde hace dos años el certificado de "revisión tecnomecánica", no tenía el seguro obligatorio y "el conductor no tenía licencia" de manejo, dijo el fiscal Luis González en una conferencia de prensa en Bogotá.

En la vía donde el autobús prendió fuego el domingo, en la localidad de Fundación, norte de Colombia, fueron levantadas cruces de bambú y todavía había fragmentos de vidrio sobre tierra chamuscada. Una mujer de rodillas lloraba desconsolada sobre el asfalto al caer la tarde.

Quisimos "sacar a una niñita que sacó los brazos por la ventanilla, pero la piel" se le escurría, dijo a la AFP José Guette, un técnico de 48 años que intentó en vano salvar la vida de una de las víctimas.

"No podíamos hacer nada más que agarrarnos la cabeza y mirar cómo se quemaban esos niños", añadió.

Las primeras hipótesis apuntan a una imprudencia del conductor, quien al parecer manipuló un recipiente de gasolina para encender el vehículo. "Una chispa originó el incendio", indicó el fiscal.

Una niña sobreviviente relató a la prensa que el chofer "se bajó del bus para echar gasolina" con los ocupantes dentro del vehículo. "De un momento a otro el bus comenzó a echar chispas, en ese momento el chofer salió corriendo a buscar agua y después se fue", dijo la pequeña de 11 años, que perdió a dos hermanos en el accidente.

Los niños regresaban de un servicio religioso dominical. Ellos "duraron más de 10 minutos revoloteando dentro del bus. Yo los veía por la ventanilla", dijo Guette, y agregó que él y otras personas intentaron apagar las llamas con extintores pero que el fuego fue más poderoso.

La justicia formalizó el lunes la captura del conductor Jaime Gutiérrez, un mecánico de 56 años, y de Manuel Ibarra, miembro de la iglesia evangélica y quien contrató el vehículo.

"La Fiscalía les va a imputar homicidio culposo agravado", sostuvo González, sin precisar la posible condena que enfrentan.

- Entrega simbólica de cuerpos -

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, capital del vecino departamento de Atlántico, donde serán sometidos a pruebas de ADN debido a su "estado de carbonización", dijo el director del organismo forense a nivel nacional, Carlos Valdés.

Entretanto, los familiares recibirán de forma simbólica bóvedas para que puedan realizar una "ceremonia colectiva", y conforme avance la identificación tendrán los restos de sus hijos, en un proceso que puede tardar hasta 10 días, añadió.

Todavía no se fijó una fecha para la ceremonia.

La Fiscalía procesó penalmente al conductor del autobús, quien fue detenido tras escapar a la furia de los familiares que intentaron agredirlo. Su casa fue apedreada.

"No solo el conductor debe dar cara ante la justicia, la iglesia por contratar irregularmente el servicio y el propietario del vehículo ya que las condiciones en las que estaba el automotor no eran las óptimas para el transporte de pasajeros", dijo el general Carlos Mena, comandante de la policía de tránsito, al diario El Heraldo de Barranquilla.

El presidente Juan Manuel Santos, que acudió a Fundación el domingo por la noche, dijo este lunes en un acto oficial que su gobierno hará "todo lo que esté a (su) alcance para que estos accidentes tan lamentables no vuelvan a suceder".

Así, pidió a sus subalternos tomar "todas las disposiciones para que el gobierno nacional pueda interferir más directamente, porque esta es una responsabilidad de los municipios, en controlar el tránsito de vehículos que no deberían estar transitando".

El mandatario colombiano también aseguró que el Estado cubrirá los gastos fúnebres y hospitalarios de los afectados.