Por detrimento patrimonial que supera los 2.000 millones de pesos en contratación con recursos de regalías directas, la Contraloría General de la República imputará cargos al gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, y a ocho de sus funcionarios de la administración departamental.

De acuerdo con los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la Gobernación habría incurrido en irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de planes de infraestructura educativa, deportiva y turística para el departamento de La Guajira.
Además del gobernador Jorge Pérez Bernier, los funcionarios de la administración departamental que deberán responder dentro del proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República son Jorge Barliza Illigde, gobernador encargado; Alfonso Barro Arévalo, secretario de Educación; Yussica Barros, jefe de la Oficina Jurídica;  Astrid Hernández Iguarán, jefe de Planeación; Georin Blanchar Díaz, secretario de Obras; Nelvis Gutiérrez, secretario de Hacienda; Dinora Sierra, jefe de Contratación y Eder Vizcaino, director de Cultura.
La Contraloría General de la República encontró presuntas irregularidades en la etapa precontractual, contractual y en la ejecución del contrato Nº 770 de 2009 suscrito con la Unión Temporal Norte cuyo objeto es la ejecución del Plan de Infraestructura deportiva departamental; el contrato Nº 787 de 2009 suscrito con la Unión Temporal Deporte para la construcción del Plan de Infraestructura deportiva; y el contrato Nº 788 de 2009 suscrito con la Unión Temporal Turismo Guajiro para la ejecución de Plan de Infraestructura turística departamental.
Al igual que a los funcionarios departamentales, la Contraloría General de la República indicó que también incluirá en el proceso de responsabilidad fiscal a las tres uniones temporales y llamará a audiencia verbal a todos los implicados en enero próximo, informó la entidad.
A partir del año entrante, los recursos provenientes de las regalías no llegarán directamente a manos de gobernadores y alcaldes, sino que serán llevados a unos fondos a cargo del Gobierno nacional. Los recursos serán girados a las regiones de acuerdo con los proyectos que sean presentados y justificados por parte de los mandatarios.