La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá imputó el delito de cohecho al exalcalde Samuel Moreno por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Aunque la defensa del exmandatario dijo que era una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, la corporación confirmó la decisión del juez 11 penal del circuito y negó la nulidad

Corte rechaza pruebas presentadas por Moreno

El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro argumentó que no es posible admitir los documentos del exsenador Iván Moreno procesado por la presunta participación en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Castro explicó “que cuando se introdujo la variación de la calificación jurídica se concedió un nuevo periodo probatorio precisamente para permitirle a todos los intervinientes pedir las pruebas  que se consideraran necesarias frente a esa variación de la calificación jurídica” por lo que explica que no hubo violación al derecho de la defensa.

"No es posible admitir los documentos que pretende el procesado, (...) es deber de las partes conseguir los elementos para una defensa adecuada" dijo el alto funcionario. 

Moreno niega participación en ‘Carrusel’

El exsenador del Polo Democrático, Iván Moreno declaró en el juicio que afronta por la presunta participación en el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá que nunca se reunió con funcionarios del IDU, ni intervino bajo ninguna circunstancia, ni nunca tuvo intereses en la celebración indebida de contratos.

Moreno, manifestó que las acusaciones en su contra no son ciertas, rechazó los señalamientos  que lo responsabilizan en la solicitud de comisiones para favorecer a contratistas.   

"Jamás hice gestión alguna y ningún tipo de tráfico de influencias, ni participé de manera directa o indirecta en ninguno de los funcionarios que tuvieran que ver con esos contratos", afirmó el exsenador.          

"Pidieron $3.500 millones por  la 26”

Un testimonio escandaloso rindió el exintegrante del clan Nule, Mauricio Galofre, durante la audiencia que se adelanta por el llamado ‘Carrusel de la Contratación” en contra de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y el excontralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.

De acuerdo con este sujeto, testigo de la Fiscalía, en la adjudicación del contrato de Transmilenio por la Calle 26, se pidió un soborno del ocho por ciento, lo que equivale a cerca de 3.500 millones de pesos. Según Galofre, el 6 por ciento era para los hermanos Moreno Rojas y exfuncionarios del IDU, mientras que un dos por ciento iba destinado para Moralesrussi.

"A Julio Gómez se le pagaron a través de un empresa 1.750 millones de pesos que nos dijo que eran para la doctora Liliana Pardo", dijo.

Galofre también señaló que Julio Gómez y Emilio Tapia (procesados por los mismos hechos) siempre eran los que estaban detrás de “las exigencias monetarias”.