La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Fernando Vargas Mendoza, en su calidad de alcalde de Bucaramanga (Santander) para la época de los hechos, por posibles irregularidades en un contrato para la construcción del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga - Fase I.

Dentro de la determinación disciplinaria también se elevó pliego de cargos contra el señor Álvaro Antonio Ramírez Herrera, exsecretario de Infraestructura de esa Alcaldía.

De acuerdo con la investigación, el proceso licitatorio para la construcción de esta obra se habría adelantado sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, porque aunque se contrataron los estudios y diseños de ingeniería para la construcción del parque, estos no habrían tenido el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir esta obra.  

Agrega el pliego de cargos que “de haber verificado diligentemente la existencia de los diseños a nivel de estudios geológicos  completos y suficientes, de diseños arquitectónicos, de ubicación de las pistas de BMX y Skate Park y haber contemplado el área de las pistas para competencias nacionales e internacionales al momento de considerar si suscribía el contrato (…) se habría evitado que la entidad incurriera en suspensiones, adiciones, suscripción de nueva contratación que hicieron más onerosa la construcción de esta obra, programada para cinco meses y que hasta hoy, 24 meses después, no está funcionando”.       

La Fase I del parque, que tenía un valor inicial de $3.662.548.204, terminaría costándole al municipio de Bucaramanga más de 6 mil millones de pesos, es decir que la obra se habría incrementado en  un 66.26% respecto del valor inicial.

Se le reprocha al entonces alcalde su intervención en la celebración del contrato sin contar, al parecer, con dichos requisitos, y al señor exsecretario de Infraestructura su intervención en la etapa previa a la suscripción de este documento, pues habría ordenado la apertura de la licitación y luego habría ordenado su adjudicación a una firma de ingenieros sin contar con los estudios previos suficientes en lo relacionado con los estudios geotécnicos, dado que estos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque integral metropolitano.