En audiencias diferentes realizadas ante el Juez Cuarto Penal Municipal de Bogotá,  con función de control  de garantías, el fiscal Octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia,  Ricardo González, imputó cargos en contra de dos ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en desarrollo de la investigación que se adelanta por las irregularidades descubiertas en la contratación de obras en Bogotá.

En la primera diligencia, la Fiscalía le imputó cargos a Luis Eduardo Montenegro Quintero, ex subdirector General de Infraestructura del IDU, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

El fiscal González señaló que entre junio de 2009 y agosto de 2010 Montenegro Quintero permitió, aparentemente, la celebración de 11 contratos relacionados con la malla vial de Bogotá y la fase tres de Transmilenio sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, ya que eludió el proceso licitatorio, violando la transparencia y la rectitud de las normas estipuladas.

Agregó el fiscal que con la ejecución de esos contratos, ese funcionario favoreció, presuntamente, a los contratistas de las obras.

En desarrollo de la audiencia,  el imputado no aceptó los cargos endilgados pero expresó su deseo de lograr un principio de oportunidad con la Fiscalía, y se comprometió a suministrar entregar  la información requerida en desarrollo de la investigación.

Ante la manifestación hecha por Montenegro Quintero,  el fiscal González solicitó al Juez anular la petición de medida de aseguramiento, para recibir las declaraciones del  imputado y evaluarlas para  estudiar el principio de oportunidad, lo que fue aceptado por el juzgador.

En la segunda audiencia, la Fiscalía le imputó cargos a María Clemencia Cantini Ardila, ex directora de Gestión Estructural del IDU, por su responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión.

De acuerdo con la investigación, la entonces funcionaria omitió la normativa establecida para la contratación de obras de la malla vial de Bogotá y la tercera fase de Transmilenio, entre  los años 2009 y 2010.

Cantini Ardila aceptó los cargos imputados y su sentencia será dada a conocer en los términos establecidos en el Sistema Acusatorio por un juez de conocimiento de la capital.