Un juez español imputó este martes a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, por presuntos fraude fiscal y blanqueo, abriendo un año sombrío para una Corona debilitada por los escándalos y los problemas de salud del monarca.

Es la primera vez que un miembro directo de la familia real se ve implicado en la investigación por corrupción que pesa desde 2011 sobre Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta.

Urdangarin, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, es sospechoso junto a su exsocio Diego Torres de malversar 6,1 millones de euros de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió de 2004 a 2006 y en cuya junta directiva participaba la infanta.

Cristina, de 48 años, es también copropietaria, junto a Urdangarin, de la empresa Aizóon, sospechosa de haber servido de pantalla.

Desoyendo la oposición de la fiscalía, el juez José Castro de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que instruye el caso Nóos desde 2010, la imputó por "supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales" y la convocó a declarar el 8 de marzo.

"El anticipar que Doña Cristina Federica de Borbón desconocía las actividades de su marido y la trascendencia penal de su actuar propio es tan precipitado como afirmar inexorablemente lo contrario", señaló el magistrado.

Con esta imputación, agrega, "lo único que se pretende es brindar a aquélla la posibilidad de que personalmente (...) facilite explicación sobre determinados indicios objetivos de criminalidad".

Tras la noticia, la Casa del Rey se limitó a expresar su "respeto de las decisiones judiciales".

El abogado de la Infanta, Miquel Roca, aseguró por su parte que Cristina recurrirá.

Horas bajas para la monarquía

La imputación de la infanta llega en el peor momento para Juan Carlos, de 76 años, que el lunes apareció visiblemente cansado, apoyado en dos muletas y vacilante en su discurso con motivo de la Pascua Militar, primera aparición pública tras su última operación -la novena desde 2010- el pasado 21 de noviembre.

Este sombrío 2014 comienza también con un nuevo sondeo desastroso, publicado por el diario conservador El Mundo: 62% de los españoles quiere que el monarca abdique y sólo la mitad (49,9%) respalda la monarquía, cinco puntos menos que hace 12 meses.

El único respiro, según esta encuesta, vendría por parte del príncipe Felipe, de 45 años, del que el 66% de los encuestados tiene una opinión "buena o muy buena" y el 57% piensa que podría mejorar la imagen de la monarquía, restaurada en España tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

Sin embargo, en su mensaje de Nochebuena, el monarca, símbolo de la unidad del país, que este año tendrá la difícil tarea de mediar entre Madrid y Cataluña -región determinada a convocar en noviembre un referéndum de independencia- volvió a dejar claro que no abdicará.

La imputación de Cristina siguió a una petición de la asociación ultraderechista Manos Limpias, famosa por haber originado grandes juicios, como el de 2012 contra el exjuez Baltasar Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo.

Castro ya había imputado a la infanta en abril, entonces por presunto tráfico de influencias, pero esa decisión fue anulada por un recurso de la fiscalía, que consideró insuficientes los indicios.

El juez abrió entonces una nueva investigación, estudiando minuciosamente sus declaraciones fiscales y cuentas bancarias y escrutando los más mínimos gastos de viaje, restaurantes o fiestas.

Mucha de esta información se filtró a la prensa, contribuyendo a lo que el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, calificó el sábado como "un martirio".

Muchos españoles, asfixiados por la crisis económica, ya se habían indignado cuando en abril de 2012 se conoció, a raíz de un accidente, que el rey Juan Carlos había realizado un costoso viaje a Botsuana para cazar elefantes.

El caso reveló un tren de vida chocante para un país con el 26% de la población activa en desempleo, y llevó al monarca a presentar unas inéditas disculpas públicas.

En un esfuerzo por limitar los daños, Urdangarin había sido apartado tras su imputación de las actividades oficiales de la familia real, que decidió publicar sus gastos por primera vez e integrar voluntariamente una nueva ley de transparencia de las instituciones, recientemente aprobada por el Parlamento.

La infanta Cristina se mudó en 2013 a Suiza con su familia por motivos de trabajo.