Luego de que el Gobierno nacional anunciara que uno de sus principales retos en materia económica es el impuesto a los dividendos, que estaría incluida en la nueva reforma tributaria, algunos congresistas rechazaron la propuesta al considerarla doble tributación.
Para el miembro de la Comisión Cuarta, senador Álvaro Asthon, no es prudente considerar tal iniciativa, pues “no podría estar de acuerdo con que se haga un doble gravamen, porque una persona natural percibe ingresos por concepto de dividendo de una empresa, y esos ingresos son renta de capital, que los declara y paga impuesto sobre eso”.
Asthon indicó a EL NUEVO SIGLO que si el ciudadano paga impuestos sobre los ingresos que percibe como dividendos, “que son resultados económicos de una inversión que tiene, no tendría sentido que pague impuestos por dividendo y que a la vez pague impuestos por la renta que percibe, productos de esos mismos dividendos, pues sería una doble tributación”.
Por ello, la opinión que tal propuesta no tendría viabilidad en el Legislativo ya que “aquí hemos luchado siempre para evitar la doble tributación, eso no va a estimular en nada a la inversión”.
Una posición similar es la del también senador y miembro de dicha célula legislativa, Iván Name, quien sostuvo que con un soporte o sustento técnico de fondo, “hay otras fórmulas para hacer un recaudo eficiente para recoger nuevos recursos para el Estado”.
Sin viabilidad
Aclaró que tendría que ver con qué soporte está la propuesta siendo propuesta del Gobierno, por lo que especificó es importante estudiarla con detenimiento.
Al ser preguntado de qué tan perjudicial es, indicó que “por supuesto podría desestimular el sector productivo y se configuraría una doble tributación, a primera instancia sería necesario analizarlo a fondo porque no veo que pueda ser muy conveniente”.
Sin embargo no descarto escuchar los argumentos del Gobierno, “pero en primera instancia me parece que podría doblar el esfuerzo tributario en una sola área cuando hay varias otras opciones”.
Justamente, el pasado 16 de junio el Centro de Estudios Económicos, ANIF, dirigido por Sergio Clavijo se refería a la propuesta de reforma tributaria 2014-2018.
Argumentos
En un documento decía que “el impuesto a los dividendos distribuidos a razón del 5%: esta propuesta también había sido derrotada durante las discusiones de lo que sería la Ley 1607 de 2012, pues inicialmente se había dicho que dado que este gravamen iba contra el mismo capital de imporrenta, del impopatrimonio y ahora el CREE, sería entonces fundamental aplicar un esquema como el usado en Chile, el cual tiene la virtud de evitar la llamada doble tributación”.
Agrega que “en Chile se le reconoce a la persona natural los gravámenes ya pagados por la firma, antes de aplicarle una tasa de gravamen marginal a la persona natural”.
Añade que “una tributación a raja-tabla del 5% sobre dividendos distribuidos desconocería ese principio de evitar la doble tributación, la cual fue una importante conquista de la reforma de 1986”.
Así, aunque luce razonable la idea de mover a Colombia en dirección de los estándares internacionales de gravar las pensiones y los dividendos, “esto debe hacerse bajo las normas internacionales ya establecidas, evitando la doble tributación en el caso de los dividendos distribuidos”.
Por lo que “hemos estimado que aplicar una tasa del 5% sobre los dividendos distribuidos allegaría recaudos adicionales por un 0,2% del PIB”.
El impuesto al patrimonio debe seguir
Como medida para enfrentar las acciones terroristas de los grupos armados ilegales en la infraestructura petrolera, la opción de prolongar el impuesto al patrimonio volvió a ponerse sobre la mesa.
Así lo anunció el ministro de Minas, Amylkar Acosta, al destacar que “la seguridad de los campos de producción es del resorte del Estado y según el Ministerio de Hacienda se debe mantener el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad”.
También resaltó la labor de la Fuerza Pública y la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército en los operativos, “los dispositivos para enfrentar la arremetida de la subversión en contra de la infraestructura energética del país son muy buenos”.
Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró recientemente que los recientes atentados contra las infraestructuras petrolera y energética del país ponen en riesgo la ejecución de políticas sociales que se dirigen a los ciudadanos más necesitados.
“Este tipo de acciones amerita el rechazo del pueblo colombiano porque se pone en peligro la vida de las personas que trabajan en las zonas afectadas y, además, los atentados contra el sector petrolero impactan negativamente los ingresos de la Nación”, enfatizó el titular de la entidad.
Y agregó: “estos hechos representan un atentado contra los recursos de los colombianos de escasos recursos, quienes se benefician con los programas de inversión social que se financian con la producción petrolera y son una violación al Derecho Internacional Humanitario”.