El referendo revocatorio del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, previsto para el próximo 2 de marzo, no podrá realizarse en esa fecha, anunció este jueves la autoridad electoral de Colombia, sin precisar cuándo se celebraría esa consulta.

La postergación del referendo se debe a que la Registraduría Nacional (ente que organiza los comicios) aún no ha recibido los 38.000 millones de pesos (unos 17 millones de dólares), solicitados al gobierno colombiano para su financiación, explicó Carlos Ariel Sánchez, máximo responsable de ese organismo.

"El proceso (de organización de la votación) dura 33 días desde que se reciben los dineros", dijo Sánchez a la prensa, al señalar que por ello la fecha del 2 de marzo "no sirve".

"El 9 de marzo no sirve" tampoco, señaló el responsable, al descartar también que el referendo pueda coincidir con las elecciones legislativas previstas para ese día.

Sin embargo, Sánchez no avanzó una nueva fecha para la consulta.

El proceso revocatorio del alcalde Petro es promovido por el congresista derechista Miguel Gómez Martínez, quien reunió cerca de 640 mil firmas ciudadanas para impulsar la iniciativa.

Petro, un economista de 53 años que pertenció a la guerrilla M-19, fue elegido para gobernar Bogotá entre 2012 y 2016. El alcalde, que enfrenta también otros procesos para retirarle el cargo, defiende que su situación se decida en las urnas.

Para que el alcalde sea revocado, la participación debe superar el 55% de la obtenida en su elección y que la mitad más uno de ellos opte por el Sí.

Además de este proceso, Petro enfrenta una sanción para destituirle e inhabilitarle por 15 años que le impuso la Procuraduría (que vigila a los funcionarios públicos en Colombia), el 9 de diciembre pasado.

La Procuraduría sancionó a Petro por un caso de mal manejo en la modificación del sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas.

Pero la decisión quedó suspendida momentáneamente por un tribunal administrativo, por lo cual el proceso de revocatoria sigue en marcha hasta que el Consejo de Estado, la máxima autoridad en justicia disciplinaria, tome una decisión definitiva.