Los homicidios de líderes sociales en el país continúan y de los 186 reportados por la Defensoría del Pueblo a finales de la semana pasada, se pasó a 190, siendo el departamento de Cauca el de más alto riesgo ya que allí se reportaron 15 casos.

El ataque más reciente se produjo en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en donde fue ultimado Ezequiel Rangel.

El hombre fue visto por última vez, cuando se movilizaba en una motocicleta por el corregimiento Guamalito donde residía, municipio de El Carmen, Norte de Santander. Su cuerpo fue encontrado en la vereda Las Vegas de esta misma población con varios impactos de arma de fuego.

La victima pertenecía a la Asociación Campesina del Catatumbo y al movimiento político Marcha Patriótica que reaccionó de inmediato, rechazando las acciones violentas contra sus líderes en regiones olvidadas y afectadas por el conflicto armado en Colombia. En un comunicado de prensa, exigieron al gobierno garantizar la vida, la honra y los bienes del pueblo campesino como norma constitucional.

Las autoridades adelantan las investigaciones del caso “en esta jurisdicción delinque el Eln, estamos adelantando la investigación pertinente para establecer las causas y los responsables de este lamentable hecho” manifestó, el comandante (e) de la Policía de Norte de Santander, coronel, William Arias.

En su más reciente visita a Cúcuta y Norte de Santander, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, alertaron de las acciones violentas e intimidatorias contra líderes sociales y comunales que se están registrando con un aumento en las estadísticas.

Al mismo tiempo, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, Francisco Isaías Cifuentes, denunció que en lo que corrido de 2017 han sido asesinados 15 líderes sociales en el Cauca.

Indica la organización que el departamento se ha convertido en el más peligroso para la actividad de defensa de los derechos humanos y del ambiente.

El caso más reciente fue el asesinato del líder afrodescendiente, Héctor William Mina, y la posterior intimidación de la que fue parte su hijo, Andrés Mina.

Los asesinatos y amenazas en el Cauca, según organizaciones que protegen los derechos humanos y el Ministerio del Interior, se presentan en su mayoría por la oposición a las actividades de extracción minera. De igual forma, la Red de Derechos Humanos estableció que en ocasiones los asesinatos se dan contra miembros de los mecanismos para la protección de la soberanía e independencia de los territorios como la Guardia Cimarrona.

De acuerdo con Deivin Hurtado, miembro de la Red de Derechos Humanos, “en el Cauca han ingresado grupos ilegales que quieren asegurar el control territorial”. Así mismo, afirmó que, en municipios como Caloto y Corinto, “las amenazas a través de panfletos y grafittis dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares en la región pues sus mensajes son alusivos a las Auc”.

En el caso concreto del asesinato de Héctor Mina, Deivin Hurtado manifestó que “él venía adelantando una labor de protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente”. En el momento de sus obras fúnebres su hijo, Andrés Mina, fue intimidado por un hombre que, según Hurtado, “se quedó mirándolo y le hizo señas de que tenía un arma”. Afortunadamente, Mina pudo adentrarse en la multitud de personas que se encontraban en el lugar.

Según la Defensoría del Pueblo, los esfuerzos de las autoridades, no han logrado disminuir el riesgo para líderes sociales.

Es por ello que a través del Sistema de Alertas Tempranas, la entidad ha solicitado se fortalezcan las medidas de seguridad y prevención para evitar que los grupos ilegales vulneren los derechos de la población civil por la posibilidad de homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.

El defensor, Carlos Negret, también se mostró preocupado por los cinco homicidios selectivos contra miembros de las Farc que se han presentado durante el proceso de dejación de armas y reincorporación, pese a los esfuerzos del Gobierno para brindarles protección ante las acciones de grupos armados ilegales que buscan atentar en contra de sus derechos.