Un nuevo tribunal de arbitramento en el que estaban en juego cerca de 7.000 millones de pesos, ganó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a la sociedad Colombo-Hispánica.

El pleito fue instaurado el 15 de diciembre de 2011 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La demandante fue la Sociedad Colombo-Hispánica Ltda. (conformada por las firmas Constructora Hispánica S.A., Sergio Torres Reatiga y Construcciones Industriales- COIN).

Esta entidad, en desarrollo del contrato 69 de 2008, es decir, el “Distrito de Conservación Norte grupo 1”, con el que se efectuó el mantenimiento a la malla vial en las localidades de Suba y Usaquén, acusó al IDU de haber cometido errores en la aplicación de las cláusulas de ajuste y de actualización de precios y de haber retenido indebidamente sumas de dinero al contratista.

De acuerdo con las pretensiones del demandante, el IDU debía pagarle 7.000 millones de pesos.

Según el laudo arbitral emitido por el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que actuaron como árbitros María Elena Giraldo, William Barrera y Camilo Calderón, la decisión fue la de denegar todas las pretensiones de la demanda.

El Tribunal de Arbitramento consideró que la responsabilidad de los  riesgos de la variación del insumo asfalto en la ejecución de las obras de malla vial en el “Distrito de Conservación Grupo 1 Norte” no es dañina ni perjudicial, porque la variación de los precios del asfalto sólido unitario, es un hecho de la realidad.

También agregó el Tribunal que “el menor valor del precio no representa pérdida económica para el contratista, esto es, dicho de otro modo, la variación negativa de precios del insumo asfalto sólido, en este tope máximo no constituye daño para el contratista; como así tampoco la variación positiva de precios del insumo asfalto sólido, en su límite máximo mensual, constituye daño al contratante público, pues este es el dueño de la obra”.

Contrato

En diciembre de 2012 el IDU anunció la adjudicación de un grupo de contratos que ascendía a los 542.654 millones de pesos,  con los cuales se buscaba arreglar 2.331 kilómetros de vías y mejorar la movilidad y la accesibilidad en la ciudad.

La capital se dividió en seis zonas, las cuales serían atendidas de manera integral en obras de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción.

La parte que entró en litigio correspondió al distrito Norte, que comprendía la zona de Suba-Usaquén, y que fue adjudicada a Promesa de Sociedad Futura Colombo- Hispánica Ltda. conformada por Coin Ltda. Constructora Hispánica S.A. y Sergio Torres Reatiga, con un contrato de 106.681 millones de pesos.

Este y los contratos de las demás zonas fueron adjudicados en audiencia pública y con el acompañamiento de los diferentes órganos de control. Las vías que fueron intervenidas se seleccionaron de acuerdo con el modelo técnico de priorización que aplica el IDU, en el cual se le da mayor importancia a la malla vial arterial, que es la que soporta todo tipo de tráfico: público, masivo, colectivo, pesado de carga, particular y taxis, conecta toda la ciudad y beneficia a los 7,8 millones de habitantes.

La entonces directora del IDU, Liliana Pardo, destacó que se trataba de un esquema distinto de atención a la malla vial de la ciudad que le permitirá a la entidad ganar tiempo, una mayor eficiencia y un ahorro de 32 meses en trámites para atender las vías y lograr que los recursos de las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Distrital, se inviertan de  manera rápida y eficiente.