En las próximas horas, la Comisión de Derechos Humanos del Senado convocó a la directora del ICBF, Cristina Plazas; al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y a los órganos de control a una audiencia pública para que el ICBF rinda cuentas sobre los casos de muertes por desnutrición de niños en el departamento de La Guajira y el caos administrativo a principios del año 2016 que ha sido denunciado.

Al evento están invitados el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el contralor general de la República, Edgardo Maya, para que determinen si ante las denuncias expuestas existe responsabilidad disciplinaria o fiscal por parte de funcionarios del Gobierno, principalmente del ICBF.