A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, la Procuraduría requirió al director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Diego Andrés Molano, para que se tomen medidas urgentes que solucionen la grave situación de los programas de alimentación.

Ante el argumento del ICBF donde aseguraban que las demoras en los procesos de contratación para los programas se deben a causas externas, el Ministerio Público aseguró que el estado, a través de este Instituto, porque los derechos de los beneficiarios de los programas no sean vulnerados.

La Procuraduría aseguró que el director del ICBF está en la obligación de velar por el cumplimiento de los fines de la contratación y por proteger los derechos de los terceros que pudieran verse afectado por el cumplimiento o no de los contratos del organismo.

Ilva Hoyos solicitó además que durante los cinco días siguientes al recibo del requerimiento se informe las acciones que se llevarán a cabo y las alternativas de solución que se implementarán para darle pronta solución al problema.