ICBF: 447.000 millones para infractores | El Nuevo Siglo
Sábado, 8 de Junio de 2013

Más de  447.000 millones de pesos para atender la demanda de cupos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) ha invertido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reveló ayer la directora general encargada de la entidad Adriana González.

El SRPA ha recibido 121.917 jóvenes en conflicto con la ley, desde marzo de 2007 cuando fue creado.

En el marco del Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y Protección Integral que se realiza en la ciudad de Cartagena, González expresó su preocupación por la reincidencia de los adolescentes en la comisión de hechos delictivos, fenómeno que se registra en el 20% de los casos, e insistió en la necesidad de que las entidades que forman parte del Sistema avancen conjuntamente en medidas que permitan ofrecer mejores espacios para estos adolescentes.

“Necesitamos articular procesos institucionales para dar cumplimiento a la finalidad protectora, pedagógica y restaurativa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de tal manera que podamos materializar la reparación del daño causado, la restauración de las relaciones sociales y los procesos de inclusión social”, sostuvo la funcionaria.

González señaló que el 88% de los jóvenes transgresores de la ley son hombres y el 12% son mujeres. En el 36% de los casos acumulados, los adolescentes involucrados tenían 17 años al cometer el hecho ilícito, el 30% 16 años, el 20% 15 años y el 14% menos de 14 años.

La funcionaria explicó que las tres regiones con mayor número de adolescentes en el SRPA son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca y recordó que los delitos de mayor ocurrencia son tráfico de estupefacientes (28%), hurto (26%) y hurto calificado (11%). Frente a las sanciones impuestas, el 23.7% ha sido remitido a Centros de Atencion Especializada.

“Para el Gobierno nacional es primordial trabajar en una política de prevención en la delincuencia juvenil y por eso en el Consejo de Política Social, formulamos un documento que nos sirve como ruta y que define tareas específicas para cada una de las entidades que tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez”, explicó.