Colombia afronta multimillonarias pérdidas económicas, materiales, humanas y ambientales como consecuencia del hurto de combustibles y la construcción improvisada de refinerías artesanales ilegales que no tienen ningún control y vierten el crudo en numerosas fuentes de agua y en bosques primarios y selvas.
En muchos casos, los daños son irreversibles y se requieren hasta cien años para recuperar los bosques primarios y grandes extensiones de caños, quebradas y ríos.
Los cuadros estadísticos del Ejército Nacional registran que en 2012 las tropas encontraron 75 válvulas clandestinas instaladas por las Farc en las redes de oleoductos y políductos, especialmente, en Norte de Santander, Nariño y Putumayo y en menor proporción en Cauca y Guaviare; otra dos de las bandas criminales al servicio del narcotráfico y dos de la delincuencia común.
En el mismo año, las tropas encontraron y neutralizaron 43 refinerías artesanales ilegales de las Farc y tres de las llamadas Bacrim y de la delincuencia común.
Y, en lo corrido del presente año, las Fuerzas Militares han neutralizado 55 válvulas ilegales instaladas por las Farc, una de las bandas criminales y cuatro de la delincuencia común.
Así mismo, las tropas han neutralizado 49 “refinerías artesanales” de las Farc y una de la delincuencia común.
En total registran las estadísticas del Ejército Nacional en los últimos 16 meses han sido destruidas 139 válvulas ilegales y 96 refinerías artesanales ilegales.
Las autoridades militares encuentran en las construcciones ilegales miles de galones de petróleo, de aceite combustible para motores (ACPM); de gasolina y torres de destilación, canecas plásticas y piscinas donde almacenan sin ninguna protección y cuidado miles de barriles de crudo hurtado que cuando rebasa los niveles cae indiscriminadamente en las selvas y ríos.
Narcotráfico
Los hallazgos más importantes, de acuerdo con el comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico del Ejército Nacional, coronel Jorge Eduardo Mora, se registran sobre la red del oleoducto Transandino que es operado por Ecopetrol que transporta crudo a lo largo de 306 kilómetros desde Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, hasta el puerto de Tumaco, sobre el Océano Pacífico.
Explicó que hay ecosistemas que en algunas oportunidades se pueden recuperar de una manera más rápida porque son más dinámicos y cuando el daño sufrido es leve.
Pero, insistió, cuando hablamos de ecosistemas de fondos marinos o de zonas costeras, en algunos casos su recuperación puede llegar a demorar hasta unos cien años, cuando el crudo penetra el sustrato marino, en la arena y el fango, entonces tardará más tiempo en descomponerse y recuperarse a pesar del trabajo de los expertos en recuperación del petróleo y el empleo de disolventes.
El oficial afirmó que las consecuencias por la operación ilegal de las refinerías artesanales de las Farc y del Eln, del narcotráfico y de las Bacrim, son graves porque también se afecta la flora, la fauna y la salud del ser humano.
El coronel Mora señaló que los combustibles hurtados son destinados para usarlos como precursores químicos en la producción de narcóticos y prueba de ello es que en la vereda El Pinde, corregimiento de La Guayacana, Tumaco, en Nariño, fueron encontrados dos laboratorios que tenían una producción de tres toneladas de clorhidrato de cocaína mensualmente, además de un semillero de hoja de coca con 35.000 plantas.
En este sector, la columna móvil Daniel Aldana, de las Farc, contaba con seis refinerías artesanales ilegales que venían contaminando la zona selvática y a la quebrada Guiza, cuyo cause es difícil de recuperar y se requiere una intervención inmediata de las entidades especializadas.
“En esta jurisdicción, las Farc se habían montado una estructura, de aproximadamente, 600 metros cuadrados, para adelantar el proceso de refinación del crudo para obtener gasolina y ACPM para alimentar los laboratorios para el proceso del clorhidrato de cocaína”, reveló.
El coronel Mora, en su diálogo con EL NUEVO SIGLO, señaló que las tropas encontraron un generador eléctrico de marca Stanford, siete marcianos, 26 hornos microondas, además de un alojamiento con capacidad para albergar a unos 50 hombres, aproximadamente, de la guerrilla.
El jefe militar en la lucha contra el narcotráfico explicó que debido al incremento de las operaciones ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley y el desmantelamiento de las válvulas ilegales y de las refinerías artesanales, se genera insuficiencia de insumos para el negocio ilegal, razón por la cual el crudo se ha convertido en la materia prima para atender sus requerimientos en la producción del clorhidrato de cocaína y la base de coca.
Daño ambiental
Mientras tanto, Ana Isabel Rubiano, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, adscrita a la División de Análisis Criminal y Unidad Nacional del Medio Ambiente, afirmó que los daños ambientales causados por el petróleo que cae en fuentes de agua, en bosques y selvas, son incalculables, pues las consecuencias de un derrame de crudo alteran el proceso normal del ecosistema.
La funcionaria del ente acusador dijo que de acuerdo con los expertos del medio ambiente lo que suceda en el suelo va a repercutir en el aire y a partir de la atmósfera, cualquier cambio que sucede afectara irremediablemente bosques, selvas y fuentes de agua y por supuesto al ser humano.
“Aquí todos perdemos, pues se afecta al medio ambiente, a la flora, la fauna, las fuentes de agua, el proceso alimenticio y al hombre”, aseguró.
Rubiano señaló que un informe del Instituto Colombiano de Petróleo registra que “lo que sucede en los ríos repercute en las ciénagas, esteros y lagunas, verdaderas salacunas de miles de especies de plantas y animales que cumplen las primeras etapas de su ciclo de vida en sus aguas".
Insistió en que informe en mención consigna que más del 70% de los derrames de hidrocarburos en el país afectan a ríos y caños y cerca del 30% están asociados a sistemas de ciénagas.
En el caso de las selvas y bosques primarios, explicó la funcionaria del CTI, el petróleo al secarse se compacta y evita el crecimiento de nuevas plantas, debido a que produce un bloqueo y el subsuelo no tiene contacto con el oxígeno y la luz que ofrece el ambiente exterior.
Los ambientalistas afirman que de cada cien barriles que caen a las selvas, bosques primarios y fuentes de agua, por la instalación de válvulas clandestinas y la construcción de refinerías artesanales ilegales y los atentados terroristas, solamente se recuperan entre 25 y 30.
Millonarias pérdidas
De acuerdo con Ecopetro, “la práctica del robo de combustibles empezó a cobrar relevancia en Colombia a partir de 1999 cuando se contabilizaron 1.540 barriles hurtados por día. Pero fue en el 2002 cuando alcanzó su punto máximo al llegar a los 7.270 barriles diarios, es decir el 3 por ciento de la demanda diaria de combustibles del país, lo cual en su momento le representó a empresa estatal pérdidas por 107 millones de dólares, que a precios de hoy equivaldría a 1.350 millones de dólares”.
Como consecuencia de esta actividad, Ecopetrol estableció una estrategia conjunta en la cual mediante un fuerte componente de, coordinación y aseguramiento, se integraron acciones policivas, judiciales, legales, tecnológicas, operativas y sociales, con un alto compromiso del gobierno nacional y de sus instituciones.
Se incrementaron las medidas de seguridad y vigilancia por parte de la Policía y las Fuerzas Militares, al tiempo que se crearon grupos interdisciplinarios dedicados única y exclusivamente al control del apoderamiento de hidrocarburos, donde se entrelazaban Estructuras de Apoyo denominadas Edas, las cuales se conformaron con funcionarios de la Fiscalía, el CTI, el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección de investigación de la Policía Judicial (Dijín).
Según Ecopetrol, “estos grupos tenían la responsabilidad de realizar investigaciones, judicializar delincuentes y propiciar el fortalecimiento de leyes y decretos para impulsar las transformaciones legales con el fin de combatir con más fuerza esta actividad”.
La empresa estatal reveló que a través de la Ley 1028 de 2006, se fortaleció la lucha contra el robo de hidrocarburos, pues ya no se le consideraba a esta actividad un delito común sino un delito especializado, e incrementó las penas, al tiempo que se modificó el Código Penal mediante la Ley 1080 para hacer de esta práctica un delito no excarcelable con penas de 10 a 15 años de prisión, fortaleciendo la figura de la extinción de dominio.
Pero al mismo tiempo, Ecopetrol desarrolló sistemas de detección de fugas preventivas, utilizando diferentes tecnologías adaptadas y mejoradas por la empresa estatal l para identificar con precisión la localización de las perforaciones ilícitas y la cuantificación de los volúmenes hurtados para facilitar la captura de las bandas delincuenciales.
La información oficial de Ecopetrol revela que gracias a las medidas adoptadas se registra una importante efectividad de la estrategia y el trabajo en equipo, pues en 10 años se ha logrado una disminución del 3.050% en el apoderamiento de refinados: de 7.270 barriles por día calendario en 2002 se pasó a 23 barriles por día en el 2012.
“Como resultado de los esfuerzos adelantados en la detección de válvulas ilícitas, el desarrollo y maduración de las tecnologías, el trabajo en conjunto con la Fuerza Pública y el apoyo a las entidades estatales para asegurar el proceso de judicialización, el apoderamiento de refinados en 2012 respecto al 2011, tuvo una reducción del 70% al pasar de 81 barriles por día a 23 barriles por día”, registra la información oficial de Ecopetrol.
“Respecto al apoderamiento de petróleo crudo, los resultados del 2012 muestran una disminución de seis barriles por día en comparación con el año 2011, pasando de 419 barriles por día a 413 barriles por día. Si se tiene en cuenta que el barril de petróleo estuvo en promedio a 100 dólares por barril en 2012, esto significa una pérdida de unos 15 millones de dólares en el año”.
Grupos armados ilegales
Recientemente el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración – DDR y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, reveló que los grupos armados al margen de la ley tienen cierta participación en el robo de combustibles y en la construcción de “refinerías de crudo ilegales” o como gestores en la cadena de procesamiento de crudo por sus beneficios económicos con una menor inversión.
El informe registra que “en casos como el contrabando de combustibles los beneficios económicos suelen ser inmediatos, producto de su gestión directa o del cobro de cuotas a terceros para permitirles desempeñar ese tipo de actividades. En el segundo caso, mediante la refinación de crudo hurtado a las empresas petroleras, los grupos ilegales reducen los costos de adquisición de gasolina, insumo necesario para el procesamiento de estupefacientes”.
Registra igualmente que “otra práctica paralela a la extracción de crudo en la cual se han involucrado los actores armados es la gestión de refinerías artesanales para el procesamiento de crudo en zonas aledañas a campos u oleoductos petroleros. El objetivo de esta práctica es evadir los controles al transporte de gasolina, insumo necesario para la extracción de base de coca y por ende, reducir los costos de la producción del alcaloide”.
Señala igualmente que “no es fortuito que varias de las zonas donde la Fuerza Pública ha concentrado sus esfuerzos para el desmantelamiento de refinerías ilícitas de crudo se concentren en áreas donde coinciden cultivos de coca, oleoductos petroleros y, por supuesto, todo tipo de actores armados ilegales”.
Revela así mismo que “una de las zonas más afectadas por este fenómeno es el suroccidente del país, específicamente municipios nariñenses como Tumaco, Barbacoas y Ricaurte o del Putumayo, aledaños al Oleoducto Transandino, que son por demás altamente conflictivos debido a la fuerte presencia de actores armados ilegales. Por ejemplo, operativos desempeñados por efectivos del Ejército o integrantes de la Policía han logrado desmantelar varias refinerías de crudo especialmente en zonas rurales de Tumaco, donde ha sido hallada la responsabilidad de Los Rastrojos, la columna Daniel Aldana o el frente 29 de las Farc”.
Agrega que en Norte de Santander sucede algo similar. El sector de Tibú, donde también coinciden cultivos de coca, la Fuerza Pública ha realizado operativos para el desmantelamiento de refinerías clandestinas, a las cuales es allegado el crudo hurtado por las Farc al Oleoducto Caño Limón-Coveñas. Allí el crudo es destilado por la guerrilla, obteniéndose combustible puro para el procesamiento de la hoja de coca”.